El desafío independentista

Un bloqueo emocional

La Razón
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El bloque independentista retroce. La suma de Juntos por el Sí (JxS), coalición que agrupaba a PDeCat y ERC, más los socios de CUP, sumaron el 47.8 % de los votos y 72 escaños en las elecciones autonómicas de septiembre de 2015. Hoy obtendrían el 42.3% del voto y 65 diputados.

Aunque los cuatro partidos no independentistas que obtuvieron representación sumaron más votos que los separatistas; el 48,0%, no lograron más escaños que los secesionistas, consiguieron 63, debido al reparto de diputados que permite que en las dos provincias más rurales y despobladas, Lérida y Gerona, con mayor implantación histórica del PDeCat, la antigua CIU, el caciquismo convergente consiga obtener unos escaños valiosísimos y con pocos votos. Hoy los partidos no separatistas superarían de nuevo a los sediciosos en voto pero también en escaños; sumarían el 54.2% de los votos y 70 escaños.

Pero entre los no independentistas no todos son constitucionalistas; Cataluña sí que Puede (CSQP) obtendría el 11.4% de los votos y 14 diputados, mientras que CS, PSC y PP sumarían el 42.8% del voto y 56 escaños.

El bloqueo del Parlamento catalán está hoy en día asegurado. Se requiere unos meses para que buena parte de los catalanes que hoy está con ERC y PDeCat reconsidere su posición y opte por otras opciones políticas “constructivas” y arrinconen a los radicales. El deterioro de la economía que solo se detendrá con un nuevo gobierno autonómico moderado surgido de las urnas, la neutralidad de los medios de comunicación públicos autonómicos y el control efectivo de la calle por los Mossos reprimiendo los conatos de violencia promovidos por los radicales, contribuirán a que cientos de miles de catalanes cambien de opción política en los próximos meses y se consiga una mayoría parlamentaria leal al Estatuto de Autonomía y a la Constitución que garantice la gobernabilidad de Cataluña.

Puigdemont y la delirante dirección del PDeCat solo cuentan con dos últimos cartuchos, la DUI y la convocatoria de elecciones autonómicas, a las que llamarían “constituyentes”, ya que el calificativo “plebiscitarias” ya lo emplearon en las celebradas en 2015. Los herederos de Convergencia Democrática de Cataluña saben que ambas opciones son suicidas para el PDeCat. La primera es rechazada por amplios sectores del centro derecha catalanista y la segunda representaría una catástrofe electoral pues el partido hegemónico en Cataluña desde 1980 pasaría a ser la cuarta fuerza política en votos.

Tan solo ERC y CUP apoyan abiertamente la DUI. Pero cada día ven con mayor temor una cita con las urnas, con las de verdad, con las transparentes, con censo, junta electoral, mesas elegidas legalmente, y con todas las garantías del Estado de Derecho. Aunque ERC obtendría hoy sus mejores resultados desde los tiempos de la II República Española, empieza a dar síntomas de retroceso, de septiembre a octubre ha pasado del 25.1% al 24.6% y CUP ha bajado del 8.2% al 5.6% desde 2015 hasta la fecha.

La división de la sociedad catalana, el temor a una recesión económica por la retirada de empresas y capitales y por la cancelación de inversiones, y el boicot a los productos y servicios de Cataluña, están haciendo mella entre los catalanes. Especialmente en la base electoral del PDeCAT. Tan solo 447.000 votantes convergentes de 2015 darían su voto hoy al partido. Recordemos que en las elecciones autonómicas de 2010, cuando los convergentes eran autonomistas y no separatistas, recibieron 1.2 millones de votos.

La fractura de la sociedad catalana provocada por ERC, PDeCat y CUP estaba a punto de convertirse en un conflicto abierto entre catalanes cuyas consecuencias eran imprevisibles y que podrían ir desde la ruina de la economía de la región a un enfrentamiento civil entre catalanes. El apagafuegos que representa el 155 permitirá al Estado proteger a los catalanes de la tragedia civil a la que estaban irremediablemente condenados por sus actuales gobernantes.

Exdirigentes de Unió y elementos sensatos del PDeCat, deben asumir la responsabilidad histórica que les corresponde y ponerse al frente de un nuevo proyecto político catalanista pero autonomista y leal al Estatuto de Autonomía y a la Constitución, que recoja el voto democristiano y liberal secuestrado por Más y Puigdemont y se convierta en el interlocutor que el Gobierno de España necesita en Cataluña. En definitiva restablecer CiU. Con ello se liquidaría el PDeCat y se reduciría notablemente el empuje electoral actual de ERC. Terminando con la posibilidad de que los republicanos se erijan en la primera fuerza política en las próximas elecciones. Una nueva CiU podría restablecer puentes con las fuerzas constitucionalistas en el nuevo Parlamento de Cataluña, arrinconando a ERC y CUP.