Un bufete de abogados, «lavadero» del dinero de los ERE

Entrada la madrugada del sábado y tras dos días de declaración ante la juez instructora del caso de los ERE Mercedes Alaya, el abogado de Estudios Jurídicos Villasís Carlos Leal Bonmati pudo abandonar por su propio pie el juzgado previo pago de una fianza de 150.000 euros. Aportó cuatro cheques por importe de 100.000 euros, otros 25.000 euros en metálico y la disponibilidad del saldo de la cuenta de su mujer. Leal Bonmati, al que Alaya fijó una responsabilidad civil de 34,8 millones de euros, tendrá que comparecer semanalmente en el juzgado y no podrá disponer de su pasaporte. Sobre él pesan los delitos de prevaricación, malversación impropia, falsedad en documento mercantil, asociación ilícita, contra la hacienda pública, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

En relación a este último delito, la juez señala en un auto consultado por este periódico, que Estudios Jurídicos Villasís se convirtió en un «centro de lavado» de dinero, proveniente fundamentalmente del «conseguidor» Juan Lanzas, que estuvo contratado en el citado despacho de abogados con un sueldo de 1.500 euros mensuales entre febrero de 2002 y febrero de 2011. Ambos «se prestarían servicios recíprocamente: Juan proporcionaría a Carlos diversos clientes por sus conocimientos e influencias en sindicatos y en la Junta. Por su parte, Juan Lanzas además de este sueldo básico encontraría en Estudios Jurídicos Villasís de un lado la apariencia necesaria para desarrollar su trabajo de conseguidor, que le proporcionó pingües beneficios, cercanos a los trece millones de euros; y de otro, utilizar al despacho como un centro de lavado de dinero, pues Estudios Jurídicos Villasís pagaría al entramado societario –de empresas pantalla– de Juan Lanzas 1.156.131 euros. Todo ello mediante facturación falsa por servicios inexistentes». «De esta forma, Carlos Leal blanquearía las ganancias ilícitas obtenidas por Lanzas y ello a cambio de la contraprestación oportuna, clientes y dinero, pues Eduardo Leal –testaferro de Juan Lanzas– entregaría sobres con dinero a Leal Bonmati».

La minuciosidad de correlaciones señaladas por la juez Alaya en el auto redactado tras tomar declaración a Carlos Leal –el último que estaba a la espera de pasar por los juzgados tras la «Operación Heracles» de finales de marzo– da idea de lo avanzado de la investigación, pese a que Alaya avisa de que «el enjuiciamiento de la causa se presume largo». La magistrada esgrime el amplio rastreo de cuentas bancarias realizado por los agentes de la UCO de la Guardia Civil para poner de relieve cómo el despacho de abogados servía de «canal de distribución» de las «ganancias ilícitas» «para atender las necesidades de terceros integrantes de la trama». Estudios Jurídicos Villasís, además de a Lanzas, paga otras transferencias ordenadas por el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero que la juez entiende como «favores» de Leal Bonmati al ex alto cargo. El dinero no solía partir de Estudios Jurídicos Villasís, sino de la mediadora Uniter, cuyo administrador único, José González Mata está en la cárcel.

«Estos fondos procedentes de Uniter –3,6 millones entre 2006 y 2011 según la Guardia Civil– tendrían en múltiples casos un origen público derivado de las sobrecomisiones que cobraba dicha mediadora (...) cuya existencia conocía el inculpado por su relación con ambas agencias –Uniter y Vitalia–, con Juan Lanzas y por los favores que Estudios Jurídicos Villasís devolvía al director general de Trabajo». «También tales fondos podrían proceder de las indemnizaciones del Fogasa, fondos públicos en cualquier caso, pues sería la ayuda pública que se concede al trabajador por los 30 últimos días de trabajo».

Alaya también deja claro que Leal tuvo total conocimiento de la inclusión de intrusos.

Un «invento» de los sindicatos para recibir fondos

La juez señala que las asociaciones de ex trabajadores, en cuya constitución participó estudios Jurídicos Villasís por encomienda de Uniter –que a su vez respondió a una directriz de los sindicatos–, son «un invento que crean las asociaciones sindicales para canalizar algunas subvenciones». «Verdaderamente singular» –puntualiza– es el caso de la Asociación de la Faja Pirítica de Huelva, carente de asociados, de estructura asociativa, siendo tan solo un instrumento en manos de los sindicatos UGT y CC OO». Citando al Ministerio Público, asegura que se trata de una «mera pantalla» que «habría burlado todos los controles fiscales, laborales y administrativos». En su declaración ante la juez, Leal Bonmati señaló que fue la dirección nacional de CC OO quien ordenó que se vaciara de actividad a la asociación de la Faja Pirítica. «No querían tener asociados, ni se iban a hacer asambleas, ni se quería ninguna estructura asociativa». En este caso de la Asociación de la Faja Pirítica –de la que el ex secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, era el presidente y el actual secretario general de CC OO-A, Francisco Carbonero, vicepresidente– «los sindicatos, con la decidida ayuda de Uniter y del inculpado, se apoderarían de las indemnizaciones del Fogasa que ascendían a nada menos que a 7 millones de euros». En vez de a aminorar las primas de las prejubilaciones, el dinero se destinó a «abonar a Estudios Jurídicos Villasís cinco millones de euros en honorarios correspondientes a su relación con Uniter y el resto a la citada mediadora, no descartando que los sindicatos pudieran haberse quedado con alguna parte».