Caso ERE
Un desvío de fondos «ilegal» durante una década
El escrito enviado al Tribunal Supremo hace un recorrido por el reparto «ilegal» de ayudas por parte de la Junta de Andalucía durante la última década. Así, durante los años en los que el actual diputado nacional José Antonio Viera era consejero de Empleo, su departamento repartió 317 millones de euros. El dinero se repartió entre ayudas sociolaborales, subvenciones a empresas y facturas de «hasta 40 despachos de abogados y mediadores». Su sustituto, el ex consejero Antonio Fernández –en libertad bajo fianza tras depositar 450.000 euros, ya que no es aforado– concedió 385 millones de euros del «fondo de reptiles» entre 2004 y 2010. Por su parte, el actual diputado andaluz Manuel Recio, pese a cambiar la norma, aprobó ayudas irregulares por 52 millones. A estas cifras hay que añadir distintas modificaciones presupuestarias hasta completar 855 millones «desviados» . Todas las subvenciones contabilizadas por Alaya tienen en común su «discrecionalidad» y opacidad en el proceso de concesión. El documento habla de que se dispuso de «fondos públicos en beneficio de terceros, de forma absolutamente libérrima», cantidades que acabaron «en beneficio de empresas y personas cercanas bien a los sindicatos UGT y CC OO, o bien próximos a la Administración o al PSOE andaluz, creando a través de la deliberada vulneración de los principios de objetividad, publicidad e igualdad (...) una red clientelar de beneficiarios respecto de dicho partido político».
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