Un espejismo con un coste de 9 millones de dinero público

«La democracia es cara», suelen decir los dirigentes políticos cuando se le pregunta por los costes que tienen las campañas electorales. Y no mienten. La consulta del 9 de noviembre, cuyo presupuesto inicial cifró la Generalitat en 5 millones de euros, alcanzará prácticamente los 9 millones de euros, según el cálculo realizado en el decreto de convocatoria. «Este importe es una estimación y, por tanto, puede variar al alza o a la baja», advierte, además, la Generalitat.

Vale la pena fijarse en cada una de las partidas para comprobar el coste de cada proceso de la consulta. Sólo para suministrar material para la votación (papeletas, sobres, urnas y cabinas) se prevé un importe de 194.825 euros. Para la gestión informática y los servicios de telecomunicaciones, el presupuesto se eleva a los 3 millones de euros. Y para gastos varios como difusión institucional, documentación en sistema «braille», etc. el cálculo es de 200.000 euros.

Todo ello no alcanza el 40 por ciento del coste total de la consulta. ¿Y el 60 y pico por ciento restante? Una parte muy importante va destinada a los miembros de las mesas electorales. Cada presidente percibirá 70 euros y cada gestor, 62 euros. En total, se prevén 1,577 millones en este concepto. También el personal colaborador recibe una cantidad muy importante, que supera los 1,4 millones y que se calculan a partir de 168 euros de gastos por mesa.

Representantes de la Administración que dan apoyo a la organización y que se encargan de labores de transmisión de datos provisionales percibirán un total de 640.080 euros (120 euros por mesa, 150 en caso de asumir dos). Y el coste de la seguridad de la jornada es de 640.080 euros (120 euros por local de consulta).

Finalmente, hay que sumar los 728.155 euros que percibirán los coordinadores municipales de la consulta, los 69.473 euros para los miembros de la comisión de seguimiento y los 17.100 euros para los miembros de la comisión de control.

Los gobiernos municipales tienen una función esencial en la consulta, ya que deben encargarse de organizar una parte fundamental de la votación. Según el decreto del Govern, los ayuntamientos catalanes tienen un plazo de diez días para entregar al Govern una propuesta de qué locales acogerán los puntos de votación para la consulta del 9 de noviembre. Así figura en el anexo 1 del decreto, que fija las reglas específicas para la consulta que prevé celebrar el Govern y que en su artículo 7 da un plazo de diez días a partir de la publicación del decreto para que los ayuntamientos hagan una propuesta al Ejecutivo.

De esta forma, los municipios deberían entregar su propuesta al departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales antes del 7 de octubre, de forma que el Govern pueda hacer pública la relación definitiva de puntos de votación antes del 12 de ese mismo mes. El Govern cede así a los ayuntamientos la potestad de decidir qué locales y mesas de consulta –el decreto no habla de colegios electorales– ofrecen, y deja en sus manos la decisión sobre si se utilizarán edificios públicos para albergar las urnas.

El Ejecutivo catalán confía así en la colaboración de todos los ayuntamientos catalanes para poder llevar a cabo la consulta del 9 de noviembre, aunque por lo menos cuatro de la provincia de Barcelona –Rubí, Castelldefels, Viladecans y Sant Boi de Llobregat– han rechazado aprobar mociones de apoyo a la ley de consultas. Fuentes del Govern consultadas por Europa Press explicaron que si algún Ayuntamiento rechaza colaborar con la Generalitat y rechaza la propuesta de puntos de votación, será el propio Ejecutivo catalán quien buscará otros espacios en los que poner las urnas

La Generalitat también ha definido la cuota que les corresponde a los partidos con representación parlamentaria en la campaña del 9-N. Entre todos dispondrán del 70 por ciento de los espacio públicos para promover sus debates. Estos espacios públicos serán designados por los ayuntamientos para que partidos u organizaciones puedan promover su campaña o debate desde el 2 al 7 de noviembre.

Los partidos con representación parlamentaria, concreta el anexo, tendrán «preferencia» sobre el resto de organizaciones para el uso de estos espacios públicos, por lo que dispondrán del 70 por ciento de los «locales y ubicaciones disponibles», que se repartirán de manera proporcional al número de escaños que tienen. El 30 por ciento restante de ese espacio público se repartirá entre las organizaciones que hayan solicitado previamente su uso.

Con la firma del decreto, la Generalitat se apresuró a arrancar la campaña institucional de la consulta del 9-N, que lleva por lema «Tú decides», va asociada a la web (9nconsulta2014.cat) y se desplegará también por medio de anuncios publicitarios, con el fin de informar del proceso pero sin orientar el sentido del voto.

La web informa sobre quién puede votar y cómo y dónde puede depositar la papeleta. También hay previsto un anuncio televisivo en el que una voz en off dice: «El 9 de noviembre todos estamos convocados a la consulta popular no refrendaria sobre el futuro político de Cataluña con las siguientes pregunta: ¿Quiere que Cataluña se convierta un Estado? y en caso de respuesta afirmativa, ¿Quiere que ese Estado sea independiente? Recuerda, el 9-N tienes una cita; tú decides».

Desde la web también se puede descargar en formato PDF la papeleta de la consulta del 9-N. El portal incluye el texto del decreto de la convocatoria y de la ley de consultas, así como un apartado que explica el «sistema de garantías» para «garantizar la fiabilidad, la transparencia, la neutralidad y la objetividad del proceso de consulta»..