Un grupo técnico ministerial negociará con el PSOE el plan anticorrupción

Madrid- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció ayer que una vez que el Consejo de Ministros analice este mes el primer informe sobre las reformas legislativas en las que se sustanciará el paquete de medidas por la regeneración democrática, el Ejecutivo constituirá un grupo de trabajo con representantes de los distintos ministerios afectados e invitará a los grupos de la oposición a sentarse en él.

Éste es el marco en el que el Ejecutivo quiere negociar y consensuar el paquete de reformas que Mariano Rajoy anunció en el último Debate del Estado de la Nación de febrero, y sobre el que se llegó a aprobar una resolución de la Cámara formalizando el mandato al Ejecutivo para que lo pusiera en marcha. PSOE e Izquierda Plural no se sumaron al consenso y se abstuvieron en la votación.

El Gobierno deja abierta la puerta a introducir modificaciones en sus propuestas de acuerdo con las iniciativas que plantee la oposición. Preguntada por la exigencia del PSOE de que se dé luz verde a la interpelación directa del presidente del Gobierno para mejorar el control parlamentario, la vicepresidenta precisó que esa medida queda fuera de su plan de reformas porque exige la modificación del Reglamento de la Cámara y, por tanto, es competencia de los grupos parlamentarios.

El paquete normativo afecta a seis leyes, según detalló Rajoy en el Congreso. Habrá una Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos, que obligará a depositar las cuentas en un registro público y prevé la mejora del régimen sancionador en materia de financiación.

También se reformará la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas para aumentar la fiscalización de las donaciones, de los ingresos y de los gastos. Y se fortalecerá el régimen de prohibiciones de contrataciones a persona condenadas por corrupción. Además, el Gobierno prevé regular por ley las Funciones Políticas para homogeneizar las retribuciones de los cargos públicos de la Administración.