Un guardaespaldas «árabe» de Vitalia reclutaba a los testaferros

El holding Vitalia fue uno de los principales beneficiarios del descontrol en el manejo de los fondos públicos destinados a los desempleados y empresas en crisis por parte de la Junta de Andalucía. Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, las sobrecomisiones cobradas por Vitalia ascendieron a 21,35 millones de euros. Para introducir ese dinero de nuevo en el circuito financiero, los dirigentes de la consultora catalana desviaron parte del dinero a paraísos fiscales y crearon una estructura con empresas pantalla en las que presuntamente colocaban a testaferros –algunos de ellos permanecen en prisión–.

Una de las ex trabajadoras del holding, Ana María Casellas, aseguró ante los agentes de la Guardia Civil «que a menudo ha sido comentado entre los trabajadores de Vitalia que se utilizaba a personas sin relación con las empresas para que figuraran como administradores, ya que Eduardo Pascual estaba inhabilitado por el tema de Eurobank –la quiebra de la entidad financiera radicada en Cataluña que fue intervenida por el Banco de España–». Casellas, que declaró en calidad de testigo, señaló que «algunas de estas personas eran presentadas por Ali Chedli, guardaespaldas de Eduardo Pascual».

No es la única que se refiere al guardaespaldas del directivo de Vitalia, encarcelado por la juez Mercedes Alaya en el marco de la «operación Heracles». Por su parte, María Celia Hernaiz, responsable de caja de la consultora en las oficinas de Madrid, declaró ante los agentes de la UCO que «en 2009, el guardaespaldas del Sr. Eduardo Pascual, un árabe a quien llamaban algo así como "Chedli", viajó desde Barcelona –sede central del holding– a Madrid con una cierta cantidad de dinero en efectivo». Según consta en el sumario, la ex empleada de Vitalia señala que «una vez que llegó este señor, desde su despacho llamó a María Vaqué –la otra supuesta dueña del holding– y le pasó con ella para que le confirmara que había llegado el dinero». No era un importe menor: «Se trataba de numerosos fajos de billetes de 500, 200 y 100 euros; podría ser una cantidad de varios cientos de miles de euros», apunta.

El dinero en efectivo se guardaba en una caja fuerte. De ahí, supuestamente, se pagaban parte de las comisiones de los ERE. La cajera responsabiliza a Antonio Albarracín del reparto. Era él el que señalaba a quién tenía que ir destinado. Otras veces había que retirar el dinero de una sucursal bancaria antes de ensobrarlo.

«Con el tiempo, una vez que hicieron jefe a Albarracín, éste le pedía cantidades de dinero que tenía que llevarse a Sevilla. Cada vez que le pedía dinero para ir a Sevilla coincidía aproximadamente con el viaje en AVE que se contrataba con Viajes Ecuador de la C/ San Bernardo (...)», figura en su declaración. Como ella constaba como persona autorizada, retiraba las cantidades y se las entregaba «en efectivo» a Albarracín. Otras veces, «preparaba una serie de sobres con distintas cantidades de dinero en efectivo y se sentaba con ella a prepararlos. En cada sobre le indicaba qué iniciales debía escribir. Nunca llegó a decirle para quién eran esas cantidades de dinero. Esos sobres quedaban en la caja fuerte hasta que el Sr. Albarracín –en libertad tras depositar 600.000 euros– los iba sacando, no sólo cuando iba a Sevilla. También, según cree, entregaba algunos en Madrid».

Otro aspecto del entramado eran las transferencias directas por un importe inferior a 3.000 euros para «no identificarse en la entidad bancaria». A los agentes de la Guardia Civil les aseguró que realizó «4 o 6 transferencias al Sr. Guerrero por importes de 2.999 euros por orden del Sr. Albarracín». Incluso una vez escuchó cómo el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta le transmitió telefónicamente el número de cuenta al directivo de Vitalia donde tenía que ingresar el dinero. Éste le entregó el papel manuscrito para que procediera con el envío del dinero.