Un PSOE dividido y sin rumbo afronta una conferencia crucial

El PSOE llega a su gran cita –la Conferencia Política que debería servir como de punto de partida de su recuperación– peor que nunca. «Estable dentro de la gravedad», resume un alto dirigente territorial. Sin rumbo claro y sin patrón que le conduzca a puerto, añade otro barón. Sin duda, el partido de Pablo Iglesias atraviesa por una grave crisis ideológica como consecuencia de la tensión nacionalista en Cataluña. Un asunto que, hace tan sólo unos días, partió en dos el Grupo Parlamentario en el Congreso, pero a punto estuvo de precipitar una rebelión en cascada del poder territorial y hacer saltar por los aires el mandato de Alfredo Pérez Rubalcaba. La federación andaluza se plantó, amagó con provocar un «tsunami» y replantearse su apoyo a la dirección federal si, como estaba previsto, el PSOE se ponía de perfil ante la defensa de la Constitución y la residencia de la soberanía nacional en el pueblo español. De no haber reaccionado a tiempo tras una llamada de alerta de Susana Díaz, el débil liderazgo del secretario general que salió ya cuestionado del 38 Congreso Federal hubiera estallado en mil pedazos a una semana del cónclave con el que el PSOE pretende revisar la socialdemocracia española y sentar las bases del que será su proyecto para los próximos diez años.

Una grave crisis orgánica, como consecuencia de un liderazgo no asentado, se añade pues a las diferencias ideológicas que separan a los socialistas catalanes de los del resto de España a cuenta del derecho a decidir y la consulta soberanista. Con estos mimbres, el PSOE encara el cónclave del próximo fin de semana, en el que la lógica mandaría adentrarse en un debate sin cortapisas sobre lo que se es y lo que se quiere ser y, sin embargo, obviará los asuntos más candentes en una organización que aguarda como agua de mayo un relevo en la dirección y un programa con el que recuperar la confianza perdida. Pues no habrá nada de eso, porque la Conferencia Política no discutirá ni sobre el modelo territorial que divide a los socialistas ni sobre el calendario de las primarias. Lo primero porque se entiende que la reforma federal de la Constitución acordada por los barones en la llamada «Declaración de Granada» ya lo dijo todo el pasado 6 de julio. Lo segundo, porque la dirección sostiene que un foro de debate sin atribuciones orgánicas no está legitimado para tomar una decisión que compete al máximo órgano del partido entre congresos.

El propósito de los socialistas es, salvando distancias, convertirse en el PSOE de los 80, en el partido de la esperanza y las reformas, en una organización capaz de dar respuesta a las demandas ciudadanas. «A nuestras espaldas –recuerda el coordinador de los trabajos de la Conferencia Política, Ramón Jáuregui– tenemos 100 años de vertebración, conquistas sociales y reformas democráticas y eso es lo que pretendemos de nuevo».

Ajenos, pues, al bullir de la organización y las agrupaciones, y empeñados en «controlar» aquellas aportaciones que se salgan del guión establecido, hay temor a que una «bomba de neutrones» caiga sobre el Palacio de Congresos del Campo de las Naciones el próximo fin de semana. Todo está listo y controlado para evitar la onda expansiva que pueda provocar aquél o aquélla que ose llevar al debate asuntos que no tocan. El trabajo previo está hecho y de las aportaciones que allí se hagan al documento marco elaborado por la dirección federal está previsto transaccionar las que la dirección considere «razonables» y excluir del circuito del debate las que no a lugar. Cuatro comisiones de trabajo, a puerta cerrada, darán la respuesta del PSOE a quienes dan por amortizados los partidos políticos mientras que seis foros de debate, dos de ellos dirigidos por los ex presidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, centrarán el programa de la Conferencia Política que parte de una ponencia marco a la que la militancia ha respondido con diferentes añadidos. De las más de 12.000 enmiendas que ha recibido el texto, el 48 por ciento (6.000) tienen que ver con el Capítulo de Democracia y Reforma Constitucional; un 20 por ciento (2.500) con la parte económica, 1.600 (13 por ciento) con bienestar social y un 19 por ciento (2.460), sobre modelo de partido y las primarias abiertas. El debate centrará si, como para la elección de candidato a presidente del Gobierno, los aspirantes a presidentes autonómicos tendrán o no que pasar por la misma consulta y si el sistema ha de imponerse para elegir secretario general mediante voto directo. La decisión corresponderá a un próximo congreso porque una conferencia política no puede cambiar los estatutos del partido, pero el sentir mayoritario de la militancia, a juzgar por las enmiendas, es caminar hacia la elección directa del secretario general.

En general, los participantes en el cónclave reclaman para el Capítulo de Democracia un blindaje en la Constitución de los derechos sociales, la revisión de los acuerdos con la Santa Sede (33 aportaciones), mayor transparencia en la Casa del Rey (53), un sistema electoral con listas desbloqueadas, la prohibición de las donaciones privadas a los partidos políticos, el refuerzo de las incompatibilidades para los diputados y la revisión de las actuales circunscripciones electorales.