Un «santuario» de terroristas

Iñaki de Juana Chaos no es el único etarra refugiado en Venezuela. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) sostiene que el Gobierno de Hugo Chávez ha dado cobijo a medio centenar de miembros de la banda terrorista con causas judiciales pendientes en nuestro país y vinculados a 40 atentados de ETA todavía sin condena.

El más ilustre de los etarras que han encontrado acomodo en el país suramericano es Arturo Cubillas, quien desde 2007 trabaja como director adscrito en el Instituto Nacional de Tierras venezolano (INTI). El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ordenó, en octubre de 2010, su busca y captura y la de otros once etarras en el marco de su investigación de los vínculos entre ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Desde entonces, nada de nada. La petición de extradición cursada por el magistrado español sigue esperando respuesta.

Según el juez Velasco, Cubillas era el enlace entre ambas organizaciones terroristas desde el año 1999.

Ese silencio de las autoridades venezolanas ha llevado a Covite a denunciar, a través de su portavoz, Consuelo Ordóñez, que el Gobierno de Chávez no sólo da cobijo a los terroristas, sino que, además, «deja en evidencia al Gobierno español al nacionalizar y dar trabajo a etarras buscados por la Justicia española».

La asociación de víctimas sitúa en Venezuela, además de a Cubillas, a Ignacio Olaskoaga, Pedro Viles, Gabriel Segura, José María Zapirain, José Luis Salaregui, Juan Arriarán, Ricardo Arteaga, María Asunción Arana, Jesús Macazaga, Manuel Bereciartua, Xavier Arruti, Luis Olade, Ángeles Artola, Ignacio Domínguez, José Aristizabal, Víctor Zuloaga, José Echániz, Jesús Huerta, Ignacio Landazabal, Ángel Mutiozabal, Luis Roncero, Luis Zubimendi e Ignacio Echarte, entre otros.

Según diversas fuentes, también se encontrarían en Venezuela Miguel Ángel Aldana (deportado en 1984 de Francia a Ecuador y, después, a República Dominicana y Panamá, desde donde se trasladaría a su actual destino en 1990) y Eugenio Barrutiabengoa Zabarte, alias «Arbe» y «Potolo», quien fue deportado en 1984.

Según el juez Velasco, miembros de las FARC habrían adiestrado a etarras en el manejo de explosivos en territorio venezolano (junto a la frontera con Colombia) desde 2002 a 2008. En esos campamentos de las FARC, cuatro etarras habrían sido instruidos en el manejo de granadas y misiles tierra-aire. En contrapartida, la organización terrorista colombiana pidió ayuda a ETA para localizar en España al entonces presidente colombiano Álvaro Uribe, a su antecesor Andrés Pastrana y a la ex embajadora de Colombia en España Noemí Sanín con el objetivo de atentar contra ellos.

A día de hoy, todos los requerimientos de auxilio judicial de la Audiencia Nacional a las autoridades venezolanas han caído en saco roto.