Un sector de ETA pide dar una fecha límite al Gobierno para negociar

ETA guarda en secreto el resultado del debate interno que ha mantenido desde marzo a diciembre del año pasado sobre el mantenimiento de la inactividad terrorista o la vuelta a los atentados. Sin embargo, expertos consultados por LA RAZÓN señalan que, a la vista de las últimas declaraciones de presos y dirigentes del entramado de la banda, la decisión parece ser la de continuar con el alto el fuego, pero de una forma condicionada.

Un sector de la organización criminal, caracterizado por su radicalidad, ha propuesto que se ponga una fecha límite, a partir de la cual, si los gobiernos de España y Francia no se avienen a negociar con los pistoleros, cometer una serie de «acciones» de advertencia, cuyo número e intensidad están aún por decidir.

En las últimas semanas, una frase repetida en el entramado etarra, que se ha plasmado incluso en alguna entrevista, es la de que 2013 es un año crucial para la consolidación del «proceso de paz», siempre que se atiendan sus exigencias. La primera de ellas, el acercamiento y posterior excarcelación de los presos.

A sensu contrario, según las citadas fuentes, si los gobierno de Madrid y París no ceden (estrategia que se considera como la más acertada), el 2013 se podría convertir, desde la óptica de ETA y su entorno, como «otro» año perdido. Desde que el Partido Popular ganó las elecciones y Mariano Rajoy se hizo cargo de la Presidencia del Ejecutivo (diciembre de 2011), no se han producido los «avances» que nacionalistas y socialistas habían ofrecido durante la anterior legislatura a cambio de que se anunciara el supuesto «cese armado definitivo».

En los últimos meses, los presos trasmiten el mensaje de que ETA lleva más de un año esperando a los Gobiernos de España y Francia para negociar las «consecuencias del conflicto». Los terroristas pretenden que, a cambio de no cometer atentados y un supuesto «desarme» (que no podría ser supervisado por la Policía y la Guardia Civil, sino por unos comités que ellos controlan: se han formado por su iniciativa), se adopten medidas a favor de los presos (acercamientos, excarcelaciones, anulación de la «doctrina Parot», etcétera), y repliegue de las Fuerzas de Seguridad y de los Ejércitos fuera del País Vasco y Navarra. A continuación, se produciría la negociación política para establecer los cauces hacia la independencia, pero sin que ETA hubiera desaparecido sino que se mantendría como un «agente político» (lo que se presta a las más variadas interpretaciones, y no precisamente tranquilizadoras).

Lamentaciones

El éxito político que el Gobierno socialista, con el apoyo del PNV, dio a ETA y su entramado, con la legalización de Bildu, Amaiur y Sortu), con una consecuencias que algunas de sus promotores lamentan hoy en privado, ha concluido su recurrido. Los proetarras están en las instituciones con las consecuencias de todos conocidas Pero a la banda, según las citadas fuentes, eso no le basta y así lo ha hecho saber en los últimos comunicados; en mensajes privados por vías secretas; y por boca de sus presos, algunos tan cualificados como Soledad Iparraguirre, «Anboto»; y Miguel Albizu, «Mikel Antza», en el sentido de urgir a los gobiernos de España y Francia para que negocien en las condiciones antes citadas. Más recientemente, el pasado día 22, Mikel Olza y Ugaitz Astiz señalaron, ante el Tribunal Correccional de París, que sólo «estamos dispuestos a responder ante la justicia del pueblo vasco» y que una delegación de la banda esperaba a los emisarios gubernamentales de ambos países, no para indicarles dónde están los zulos con las armas y explosivos, sino para negociar las «consecuencias del conflicto». La fiscal les recordó que, pese al «cese definitivo» no habían entregado las armas ni anunciado la fecha de disolución de la banda.