Caso Gürtel

Una citación «innecesaria»

Anticorrupción se opuso a que testifique porque «nada ha cambiado», pero dos de los tres jueces del tribunal apoyaron llamar al líder del PP.

La Razón
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Anticorrupción se opuso a que testifique porque «nada ha cambiado», pero dos de los tres jueces del tribunal apoyaron llamar al líder del PP.

Mariano Rajoy será el primer presidente del Gobierno en ejercicio que declarará como testigo en un juicio –el de la primera época de la «trama Gürtel»– tras la decisión tomada ayer por el tribunal de la Audiencia Nacional en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción y de la Abogacía del Estado. La citación como testigo del presidente del Ejecutivo –todavía sin fecha– no fue adoptada por unanimidad de los tres miembros del tribunal. Su presidente, Ángel Hurtado, se opuso y la resolución salió adelante con el visto bueno de los otros dos integrantes de la Sala, José Ricardo de Prada y Julio de Diego. «Por mayoría la Sala decide que es un prueba admisible, por mayoría se acepta y se le tomará declaración el día que se marque según el calendario previsto», se limitó a anunciar Hurtado en la sesión de ayer del juicio a la espera de que esa testifical se plasme en una resolución con fecha.

Pero, ¿qué ha cambiado desde la última vez que el tribunal rechazó la comparecencia de Rajoy en el juicio? El pasado octubre, al comienzo de la vista oral, la acusación popular que ejerce la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) reclamó por segunda vez –con el respaldo del PSOE de Boadilla, también personado en el procedimiento– que el presidente del Gobierno declarase como testigo por sus responsabilidades en el PP durante los años en los que la «trama Gürtel» financió dos campañas electorales en sendos municipios de Madrid (Rajoy, entre otros cargos, fue vicesecretario general del PP responsable de asuntos electorales entre 1990 y 2003).

En esa ocasión, el tribunal denegó por segunda vez la pretensión de Adade de que se citase a Rajoy. Y lo hizo remitiéndose a la resolución del 4 de febrero de 2016 en la que rechazó esa testifical por primera vez. El tribunal, no obstante, dejaba una puerta abierta al negarse a la citación «sin perjuicio de que en otro momento se pueda acordar por la Sala que testifique, de considerarlo necesario, a la vista del desarrollo del juicio oral». La acusación popular considera que «tal momento ha llegado» tras las declaraciones en el juicio de Correa y del empresario García Pozuelo en relación a los supuestos pagos que nutrieron esa «caja B».

Pero para la Fiscalía Anticorrupción no hay hecho nuevo alguno que justifique esa comparecencia. «Nada ha cambiado», aseguró ayer la fiscal Anticorrupción Concepción Nicolás, para quien la declaración como testigo de Rajoy –obligado, por tanto, a decir la verdad– resulta «innecesaria, prescindible y reiterada» dado que las pruebas practicadas hasta el momento (tanto las declaraciones de ex dirigentes populares como la negativa del propio partido a declarar en su calidad de partícipe a título lucrativo) «resultan suficientes» para acreditar la existencia de esa contabilidad «B» del PP que controlaban los ex tesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas.

La Abogacía del Estado se adhirió a la argumentación de la Fiscalía en su oposición a la citación de Rajoy como testigo, que considera «inútil». Más allá fue el abogado del PP, Jesús Santos, quien calificó de «perturbadora» esa diligencia y atribuyó un interés «espúreo» a la pretensión de Adade, informa Efe.

Pero, finalmente, el tribunal del «caso Gürtel» dio por buenos los argumentos de la acusación popular, que sitúa a Rajoy como una «figura clave» en los organismos centrales del PP que, según García Pozuelo, eran destinatarios de las comisiones pagadas por empresarios a cambio de supuestas adjudicaciones.

Cuando el julio del pasado año la Audiencia acordó la citación de los 300 testigos (entre ellos los ex secretarios generales del PP Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos y Ángel Acebes), Hurtado emitió un voto particular discrepante en el que consideraba necesario priorizar «la relación de los testimonios solicitados con el objeto del proceso» y deslindar las responsabilidades políticas de las económicas en las citaciones como testigos.