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Una defensa «política»

Los abogados cuestionan al tribunal y ya miran a Estrasburgo: «Hagan de jueces y no de salvadores de la patria»

  • Una defensa «política»
Madrid.

Tiempo de lectura 8 min.

13 de febrero de 2019. 04:20h

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Madrid. 13/2/2019

Las defensas de los acusados del juicio del «procés» no parece que tengan demasiada confianza en la sentencia que dictará el Tribunal Supremo (TS) contra los líderes del desafío soberanista que culminó con la declaración unilateral de independencia de Cataluña. Ayer, en la primera sesión de la vista –absorbida por las tediosas, por redundantes, cuestiones previas– los guiños de la mayoría de los letrados al Tribunal de Derechos Humanos fueron constantes.

Allí, en Estrasburgo, es donde los procesados esperan que encuentren eco sus reiteradas denuncias sobre la supuesta vulneración de derechos fundamentales en lo que consideran un juicio de excepción ante un tribunal sobre el que alguno de los letrados (como la defensa de Jordi Sánchez y los ex consellers Jordi Turull y Josep Rull) expusieron públicamente sus dudas de imparcialidad. «Hagan de jueces y no de salvadores de la patria», instó a los siete magistrados el abogado Jordi Pina. «El mundo de los derechos humanos está atento a este juicio», advirtió la defensa del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en manos del ex diputado de la CUP Benet Salellas, para quien «este juicio no debe comenzar» para no transitar por un ominoso «universo de riesgos irreparables».

Antes que él, la defensa del principal acusado, Oriol Junqueras, y del ex conseller Raül Romeva pergeñó ante la Sala un escenario apocalíptico en el que los doce políticos y líderes de movimientos sociales que se sientan en el banquillo han sido tratados como «terroristas». Igual que Pina aventó las sospechas sobre la imparcialidad de los magistrados, el letrado Andreu Van den Eynde les instó a lavarse las manos dictando «una sentencia histórica que devuelva la pelota al poder político».

Nadie diría, escuchándolo, que minutos antes se había comprometido a no ejercer «una defensa política». Lo cierto es que durante hora y media los alegatos políticos proliferaron en su intervención. Extramuros del ámbito procesal, Van den Eynde llegó a ilustrar al tribunal sobre los lindes del derecho de autodeterminación, que defiende como «garantía de que no existan conflictos en el mundo» y que se erige, según defendió, en «principio de paz y no de guerra». De ahí que en su opinión esta causa atente «contra la disidencia política» al sustentarse en el «lado oscuro» del derecho penal, un derecho penal del enemigo que vulnera todos los derechos fundamentales. «Incluso en la guerra hay reglas», se quejó parafraseando el código samurai para ilustrar a la Sala sobre ese páramo de garantías que han padecido, según él, los acusados durante el procedimiento.

En esa retahíla de derechos presumiblemente conculcados, la defensa del ex vicepresidente de la Generalitat incluyó hasta la libertad de culto. «¡Al sr. Junqueras no le dejaban ir a misa en prisión!», se quejó airado. El abogado de Junqueras y Romeva no ahorró reproches a la investigación del juez Pablo Llarena, instructor de la causa, que se ha utilizado, según su visión, para «quitar de la arena política» a los acusados y para abortar sus derechos políticos con una prisión provisional que considera injustificada y que, hizo hincapié, en Europa «nadie entiende». «Cuando te quitan los derechos políticos, te expulsan de la sociedad», señaló.

A Europa también miró, y no precisamente de soslayo, la defensa de Cuixart, quien advirtió al Supremo de que cuando el líder de Òmnium Cultural recurra al Tribunal Europeo de Derechos Humanos «a quien va a condenar Estrasburgo no va a ser a Rusia o Turquía, sino a España».

En la sala se escucharon durante todo el día de forma recurrente argumentos del independentismo político transmutados en alegatos jurídicos. El abogado de Junqueras reprochó al tribunal que con su investigación haya «criminalizado poner un papel en una urna». Y se mostró sorprendido por los delitos de los que se acusa a los procesados. «A mí no me pueden explicar que montar un referéndum sea estos delitos».

Las referencias a la repercusión internacional de este proceso, con la amenaza latente de un tirón de orejas de Estrasburgo, asomó también durante la intervención de Van den Eynde. «No me he encontrado a nadie en Europa que entienda que la respuesta a estos hechos tenga esta severidad». «Esto no lo entienden en ningún sitio del mundo». «Esto no lo van a poder exportar». Y así una y otra vez hasta el órdago final poniendo sobre la mesa una implícita peticion de libertad de los nueve procesados en prisión: «Mañana podríamos tener otro juicio. Sería todo igual, pero sin la prisión provisional», instó a la Sala sin demasiada fé en que ese alegato encuentre eco en los magistrados.

Pero fue Pina quien, sin duda, cuestionó de forma más explícita la independencia del tribunal. «Ustedes son magistrados, no héroes nacionales», les espetó antes de encarecerles a no erigirse en «salvadores de la unidad de España». «Hagan de jueces –dijo con solemnidad el letrado– y no de salvadores de la patria, porque de esto no va el procedimiento”.

Pina lamentó que el tribunal rechazase que Felipe VI testifique en el juicio. «Que uno esté exento de comparecer como testigo no significa que esté prohibido», recalcó. Según expuso, el tribunal «debería explicarle» al Rey que su testifical es importante porque «las acusaciones utilizan su mensaje como elemento incriminatorio, por lo que es justo que podamos interrogarle sobre lo que dijo y sobre todo sobre lo que no dijo. Creo que sería bueno para este procedimiento escuchar a Su Majestad sobre lo que tenga que decirnos».

El letrado también aprovechó su intervención para criticar otros aspectos del proceso, como que no se habilite la traducción simultánea (sino únicamente sucesiva) que solicitaron las defensas para que sus defendidos puedan declarar en catalán. «Me habían trasladado su deseo de expresarse en catalán y no lo hacían con una finalidad perturbadora, solo como derecho de expresarse en su lengua materna porque cuesta más expresarse en castellano». Por este motivo, denunció una «discriminación», alegando que «es muy importante que los acusados se expresen en su lengua y el tribunal aprecie la esencia. Quiero que valoren las expresiones, los movimientos...», matizó.

Al igual que hicieron otros letrados, Pina volvió a pedir la suspensión del juicio al entender que «se ha vulnerado derecho de la defensa por no estar a disposición de esta parte todas las pruebas admitidas. No es razonable empezar el juicio sin que todas las partes hayan tenido acceso a todos los medios de prueba documental». Y también protestó por el hecho de que sus defendidos, una vez trasladados a cárceles madrileñas, tardaron varios días en contar con sus ordenadores para preparar la vista oral: «El director de Soto no ha querido dejar los ordenadores y ha vulnerado su derecho de defensa. Rull ha tardado seis días en tener su ordenador y el resto, cuatro».

Sí se mantuvo al margen de disquisiciones políticas la defensa del ex conseller de Interior Joaquim Forn, que ejerce el abogado Javier Melero, quien se ciñó a consideraciones procesales al solicitar al Tribunal Supremo que acuerde la acumulación de esta causa con la que se ha instruido en la Audiencia Nacional contra el ex mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero y la antigua cúpula de la Policía autonómica por sedición, para no duplicar el enjuiciamiento de unos hechos que, en su opinión, son esencialmente los mismos.

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