Una empresa de la Junta era cliente de un testaferro de Lanzas

Sevilla- La extinta empresa pública para el desarrollo agrario y pesquero (Dapsa), dependiente de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, fue cliente durante dos años de Servicios Inmediatos de Andalucía, propiedad de Eduardo Leal del Real. Esta sociedad es señalada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil como una de las empresas «pantalla» utilizada por Juan Lanzas para aflorar el dinero obtenido de las sobrecomisiones por su intermediación en los ERE financiados con fondos públicos que investiga el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. En 2005, la Agencia Tributaria se dirigió a varias empresas que mantenían relaciones comerciales con Servicios Inmediatos de Andalucía en el marco de una investigación por un posible delito fiscal. Entre otras, envió una carta a Dapsa reclamándole «copia firmada por persona autorizada de las facturas emitidas y recibidas de la entidad Servicios Inmediatos de Andalucía SL en los ejercicios 2001, 2002 y 2003», así como «justificantes de los medios de pago/cobro relativos a las operaciones antes referidas». El ente público localizó en su contabilidad 12 facturas en 2002 y otras 12 en 2003. El primer año, por importe de 7.916,31 euros y, el segundo, por 2.769,61. En total, 10.685,92 euros que recibió la empresa de Eduardo Leal del Real, en prisión tras ser detenido en la «operación Heracles». Uno de los aspectos más llamativos de Servicios Inmediatos de Andalucía es que, según la declaración ante la Guardia Civil de otro de los presuntos testaferros, Francisco Javier Algarín Lamela, socio de Eduardo Leal, éste creó la empresa en 2001 tras fracasar en otra –Distripack– y sólo contaba «con 7 u 8 repartidores que tenía trabajando sin contrato». De hecho, Algarín le imprimió «durante 4 o 5 meses» la facturación de los trabajos que realizaba en la empresa en la que trabajaba hasta que Leal del Real «contrata a una administrativa». Esos problemas no le impidieron trabajar para una empresa pública como Dapsa. En esos años –2002 y 2003–, Lanzas, según Algarín Lamela, ya utilizaba a Eduardo Leal para hacer facturas falsas. Años más tarde se ha sabido para qué servía realmente esa empresa –y otras–. Según la jueza Mercedes Alaya, Eduardo Leal del Real asumió la administración directa de un entramado de sociedades, «siguiendo presuntamente las instrucciones de Juan Lanzas», entre las que se encontraban Servicios Inmediatos de Andalucía, Atrado Mensajería, Conexión en Reparto y Estudios Agenciales. Según la instructora, «este entramado fue constituido con la finalidad de que Lanzas pudiera cobrar sus honorarios por su labor de intermediación ilícita en el holding Vitalia».