Una «estructura artificial» ideada para desviar fondos públicos

R. Coarasa

MADRID- La Fiscalía considera a Iñaki Urdangarín y Diego Torres los «ideadores, ejecutores y beneficiarios» de la estructura «artificial» tejida en torno al Instituto Nóos, gracias a la cual se apropiaron supuestamente de 6,2 millones de euros de fondos públicos entre 2003 y 2007, por lo que reclama para ellos 19,5 y 16,5 años de prisión por ocho delitos: prevaricación, malversación, blanqueo, estafa, delito fiscal, fraude a la Administración y falsedad en documento mercantil y en documento público. Como ayer informó LA RAZÓN, el fiscal Pedro Horrach solicita más de un centenar de años de prisión para 14 imputados –entre ellos el ex presidente balear Jaume Matas y la ex consejera delegada de Madrid 2016 Mercedes Coghen– y pide el archivo de la causa para otros seis, incluida la Infanta Cristina.

En su escrito, de casi 700 folios, el fiscal Anticorrupción detalla cómo Urdangarín y Torres organizaron a partir de 2002 un entramado societario de ocho empresas en torno al Instituto Nóos «a través de las que desviaban y se apoderaban de los fondos públicos» que recibía la entidad sin ánimo de lucro, incapacitada por ley para percibir beneficios.

Horrach sostiene que la operativa era «simple y sencilla» y consistía en que Nóos fijaba «unos precios totalmente desproporcionados» por los servicios que prestaba para la Administración Pública (fundamentalmente los gobiernos balear y valenciano) y, posteriormente, «simulaba» la contratación de servicios «ficticios» a las empresas vinculadas a Torres y Urdangarín. De esta forma, los fondos públicos acababan en sociedades «controladas» por los dos socios.

Los responsables de las administraciones públicas tomaron, «de común acuerdo» con los rectores de Nóos, «decisiones administrativas arbitrarias e injustas», al margen de cualquier expediente administrativo, supuestamente para beneficiar a Urdangarín y Torres. El duque de Palma tendrá que hacer frente a una multa de 3,4 millones al margen de los 6,2 de responsabilidad civil junto al resto de imputados.

Torres era el cerebro, quien ejercía la «autoría intelectual» y dirigía la estructura empresarial, y Urdangarín asumía la faceta «institucional y comercial», el «gancho ideal para obtener clientes y aumentar notoriamente los honorarios».

Para «drenar» esos recursos a las empresas satélites de Nóos, continúa el fiscal, se llegaron a cruzar por «servicios ficticios de muy diversa índole» un número «inusitado de facturas», 425, por un importe total superior a ocho millones de euros.

A partir de marzo de 2006, tras la advertencia de la Casa Real, Urdangarín se desvinculó formalmente del Instituto Nóos, aunque «continuó interviniendo activamente en favor de los proyectos en curso» hasta 2008. Desde esa fecha, pasó a facturar a través de Aizoon a empresas privadas «que previamente eran clientes de Nóos» al tiempo que Diego Torres se reservaba la facturación con el sector público a través de Nóos.

El duque de Palma, recalca Horrach, se sirvió de Aizoon (la empresa que compartía al 50% con la Infanta Cristina) «para percibir las rentas derivadas de su propia actividad personal».

Los pasos a seguir

1 ¿Qué debe hace el juez Castro ahora?

El instructor del «caso Nóos» dictará el auto de apertura de juicio oral, que incluirá a los imputados que deben sentarse en el banquillo, previsiblemente antes de Navidad.

2 ¿Es recurrible su auto?

El auto de apertura de juicio oral no es recurrible, salvo que el juez no siente en el banquillo a alguna de las personas contra las que se haya presentado acusación.

3 ¿Cuándo se celebrará el juicio?

Una vez las defensas presenten sus escritos y la causa se eleve a la Audiencia de Palma, ésta señalará la fecha, previsiblemente para otoño de 2015.

Manos Limpias: 229 años de cárcel para 20 acusados

El sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, solicita un total de 229 años de prisión para 20 imputados, entre ellos la Infanta Cristina, para la que pide ocho años de cárcel y una multa de dos millones de euros por dos delitos fiscales. Para Urdangarín, la abogada Virginia López Negrete reclama una pena de 26 años y medio y que haga frente a una multa de casi cinco millones de euros. A su ex socio en el Instituto Nóos, Diego Torres, la petición de condena se reduce a 22 años de cárcel. A diferencia de la Fiscalía, Manos Limpias sí acusa al vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, para quien pide 11 años de prisión.