Una moratoria de competencias a autonomías “desleales”

Casado presenta diez medidas para el sistema público. Anuncia que blindará el español en la administración y que premiará a los funcionarios eficientes.

La reforma de la Administración Pública es el primer punto del programa del PP señalado por Pablo Casado después de que Pedro Sánchez fijase para abril las elecciones generales. El líder popular anuncia una profunda reforma de la gran reforma estrella del Gobierno de Rajoy de mayoría absoluta. Toda una legislatura, la de 2011, en la que la entonces vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, vendió a bombo y platillo su amplia reforma de la Administración Pública para adelgazar, reducir costes y hacerla más eficiente en tiempos de traumáticos recortes por la crisis económica.

Al nuevo PP le parece insuficiente el alcance de aquel trabajo o que no se hicieron todos los cambios que se deberían haber hecho ya que es el primer punto en el que se ha fijado Casado en su campaña electoral. La letra pequeña del decálogo de medidas que anunció en Toledo incluye el anuncio de un sistema que garantice la evaluación de desempeño y la remuneración adicional por el trabajo bien hecho. Es decir, premiar la eficiencia del funcionario, dentro del respeto a los derechos y obligaciones de quienes han conseguido en justa competición la plaza pública que ocupan. El programa del PP alude al modelo de otros países de nuestro entorno, «con administraciones sólidas y eficientes, que han incorporado fórmulas ágiles que incentivan el desempeño de la función pública, es el caso de Dinamarca, Finlandia, Holanda o Suecia, donde el sistema laboral genera fuertes incentivos a la eficiencia». La filosofía de las reformas que quiere introducir van también en la dirección de reducir la Administración para hacerla «más eficiente y transparente», aquel principio de cabecera que recitó con insistencia Sáenz de Santamaría cuando lideraba su proyecto. Casado echa en falta, y se compromete a cambiarlo, que no se haya garantizado el uso del castellano en la Administración Pública y el acceso sin discriminación por lengua. En Cataluña, pero no sólo, ya que el problema se extiende a Baleares o Valencia.

Casado se comprometió ayer a que si gobierna, reforzará la presencia del Estado en todas las comunidades autónomas, «reforzando para ello sus delegaciones del Gobierno». Y establecerá «una moratoria de competencias mal gestionadas por otras administraciones». Una manera de decir que examinará si las comunidades cumplen correctamente con sus atribuciones. De momento, el PP se queda en la «concreción» de las competencias de titularidad estatal y la exigencia de «lealtad», sin avanzar en la línea de plantear la recentralización de competencias como la Educación.

El PP se señala frente a Vox y su discurso anti Estado autonómico con una defensa expresa de las autonomías, diputaciones y municipios, «como consagra la Constitución». Su propuesta frente a la centralización absoluta de Vox pasa por reforzar el mercado único, delimitar cuáles son las competencias estatales y evaluar el ejercicio autonómico de sus competencias. Casado se reserva para la campaña el enunciado de sus compromisos estrella, pero la posibilidad de que vaya mucho más allá de este decálogo en lo que toca a recortar competencias autonómicas está condicionada por la oposición de sus «barones». Sin responsabilidades de gobierno, para Vox es fácil prometer dar la vuelta al modelo autonómico del 78. Génova tiene que combinar sus intereses electorales a nivel nacional con su realidad autonómica ante el test en las urnas de mayo.