Una trama del «bote» al rápel

«Bote», rápel y contratación de póliza de seguros con una aseguradora perteneciente a UGT-Andalucía. Éstos eran los procedimientos que permitirían al sindicato canalizar los fondos provenientes de las subvenciones de la Junta para la realización de acciones formativas para, en su lugar, utilizar ese dinero en «actividades diferentes» y «financiando actividades regulares» de UGT-A.

Así, en primer lugar, estaría la creación de un saldo con proveedores denominado «bote». Bajo este modelo, y según se recoge en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, del pasado mes de junio, que con determinados proveedores «de confianza», los cuales eran «señalados» por Federico Fresneda Heredero y María Charpín Osuna, ex tesorero y ex secretaria de gestión económica del sindicato, respectivamente, el sindicato mantenía una «especial relación, de manera que para justificar determinados gastos imputables a subvenciones, éstos emitían facturas al sindicato por servicios o mercancías que no se habían realizado o servido realmente».

Este procedimiento fue puesto de manifiesto por varios trabajadores de UGT a los que la Guardia Civil tomó declaración.

Para poder establecer la diferencia real entre lo facturado y lo servido, afirma el informe de la UCO, el departamento de compras del sindicato «estableció lo que se dio llamar el "bote"», es decir, la modificación de facturas para justificar las subvenciones.

Un segundo modelo estaría relacionado con los ingresos provenientes de los proveedores bajo la apariencia de descuentos por rápel. Esta fórmula consistía en que aquellos proveedores que quisieran contratar con el sindicato debían aceptar unos descuentos «entre el 3 el 15 por ciento», porcentajes que eran negociados bien por Fresneda o por Charpín y que quedaban documentados como descuentos en concepto de rápel.

De esta forma, según pudo determinar la UCO tras interrogar a trabajadores de UGT, y de manera periódica, «bien por transferencia, bien por talón bancario, ingresaban en UGT-Andalucía los descuentos aplicados».

Así, la factura emitida por el proveedor por la totalidad del gasto era imputable a un programa subvencionado por la Junta de Andalucía, «caso de ser un gasto subvencionable». Sin embargo, en el momento en que el proveedor devolvía una determinada cantidad, «este descuento no se comunicaba a la Administración».

Sobre este descuento por rápel, el propio Fresneda reconoció su existencia ante el juez; pero no sólo ello, sino que, además, la comisión ejecutiva de UGT-Andalucía –integrada por 15 miembros– sabía de su existencia y era quien decía las empresas que debían pagar ese rápel, el cual, aseguró en su declaración, se cobraba anualmente y se prorrateaba entre las diferentes federaciones que habían hecho los pedidos.

El tercer procedimiento para desviar, presuntamente, fondos públicos a UGT-Andalucía era la contratación «siempre» de una póliza de seguros con una aseguradora que «parece ser propiedad de UGT-A», para el desarrollo de cualquier acción formativa. El importe correspondiente a la póliza suscrita se cargaba al proyecto concreto como «gasto subvencionable»; pero, sin embargo, la aseguradora «siempre devolvía el 50 por ciento del importe de la póliza» al sindicato y si, posteriormente, la misma vencía sin incidentes, «la compañía reembolsaba otro porcentaje adicional». Para la devolución de ese dinero, siempre se utilizaba la fórmula de transferencia o talón, concluye al respecto la UCO.