El único sindicato de abogados denuncia la obstaculización de su huelga en el turno de oficio : "Último servicio de esclavitud en Europa"

La primera huelga de abogados de nuestra historia está dejando situaciones que seguramente nunca antes nadie hubiese barruntado.

Desde el pasado 21 de noviembre, justamente el día siguiente a que Félix Bolaños recibiese de Pilar Llop la cartera de Justicia, letrados del turno de oficio de toda la geografía española están solicitando y logrando la suspensión de juicios en protesta por las condiciones salariales bajo las que ofrecen el derecho a la justicia gratuita a los ciudadanos que por su renta se presume que no pueden contratar a uno particular.

En los municipios gallegos de La Estrada y Lalín, ambos en la provincia de Pontevedra, todos los abogados que estaban inscritos en el turnose dieron de baja, dejando el servicio desierto. Es la única vez que algo así ha ocurrido en la historia reciente de la Justicia española.

En reacción, el Colegio de Abogados pontevedrés dio de alta automáticamente a todos los colegiados en estas pequeñas ciudades alegando que al ser la justicia gratuita un servicio público es "obligatorio" prestarlo. A partir del próximo 1 de abril cogerán la lista por orden alfabético de los colegiados y comenzarán a llamar para asistir a ciudadanos que vayan teniendo problemas legales o que sean víctimas de algún delito.

La solución de alta obligatoria provocará situaciones tan berlanguianas como que un colegiado que lleva ejerciendo toda su carrera de administrador de fincas tenga que asumir la defensa de un detenido. Sin haberlo hecho nunca antes o tras más de 20 o 30 años sin dedicarse a la abogacía.

Belén García, secretaria general del único sindicato que existe en el gremio y que está detrás de la huelga nacional, ironiza en conversación con LA RAZÓN con que ante la imposición de la obligatoriedad de hacer guardias en el turno ha quedado demostrado que es "el último servicio de esclavitud que queda en Europa". Si aún así deciden no acudir a la llamada del Colegio, se enfrentan a sanciones o expedientes disciplinarios internos que está por ver qué consecuencias judiciales pueden acabar trayendo.

En estos cuatro meses de paro han visto como jueces y el propio Ministerio de Justicia han tratado de acabar con la huelga intentado obstaculizar el derecho de los letrados a ejercerla.

Primero, Justicia mandó como orden un informe elaborado por un abogado del Estado en el que se afirmaba que no había derecho a huelga en la abogacía y advertían de las sanciones a las que se enfrentarían en los Colegios aquellos que, aún así, decidiesen luchar por sus reivindicaciones laborales.

Más tarde, el Tribunal Constitucional (TC) dictó una providencia en la que les arrebataba el derecho a ejercer la huelga o sindicarse, pese a que Venia está legalmente constituido y registrado como organización en defensa de los intereses profesionales de los abogados.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), por su parte, certificó en una sentencia que Venia estaba constituido como sindicato con total arreglo a la ley y que el artículo 18 de la Constitución dota a todos los profesionales de derecho a la huelga y sindicación, a excepción de las Fuerzas Armadas, Cuerpos de Policía y Guardia Civil. Señalaba también el fallo que, en todo caso para que los abogados no tuviesen derecho a huelga ello tendría que estar expresamente regulado en una Ley Orgánica.

Paralelamente, han elevado los intentos de que desistan de la huelga por parte del Gobierno a la Comisión Europa porque entienden que se está tratando de cercenar un derecho fundamental como éste.

También en los juzgados han visto como el juez se niega a acordar la suspensión y ellos, siguiendo el protocolo de actuación elaborado por Venia, recurren el auto alegando que este asunto no está dentro de las actuaciones que se agrupan en los servicios mínimos. También lo requieren como cuestión previa presencialmente ante el tribunal. Si lo anterior no surte efecto, presente un nuevo recurso por vulneración de derecho fundamental a la huelga.

Al no estar establecidos los servicios mínimos, ellos han sido los que, siguiendo los que fijaron los letrados de la Administración de Justicia en su reciente huelga, han consensuado que atenderán todos los asuntos del turno que afecten a personas detenidas o en prisión, que sean de violencia de género, que tengan como víctimas a menores y sean relativos a pensiones de alimentos, o que sean del contencioso-administrativo laboral y haya de por medio posibles vulneraciones de derechos fundamentales.

El fin es, explica García, no perjudicar en ningún caso con la huelga a justiciables que por las propias circunstancias de su caso se vean gravemente afectados por la suspensión.

Siguen en la lucha ya que el Ministerio de Justicia no ha accedido aún a reunirse con ellos y escucharles, a pesar de que explican desde Venia, lo han pedido en tres cartas y a través de gente vinculada al PSOE. Sin embargo, critican, Bolaños habla puntualmente con el Consejo de la Abogacía, a los que en el sindicato tachan de "patronos" del sector profesional.

Tras la masiva concentración del pasado día 3 de febrero en el centro de Madrid que congrego a más de 5.000 abogados de oficio llegados de todas las provincias de nuestro país, las suspensiones continúan y en ciudades como Valladolid o Bilbao se manifiestan sin falta una vez a la semana para que sus reclamaciones de un pago mejor de las guardias y con mejores condiciones se convierta más pronto que tarde en su realidad.