La Unión de Oficiales de la Guardia Civil recurre la cesión de competencias policiales a Cataluña

La cesión de competencias a Cataluña sigue generando polémica. Ahora, es la Unión de Oficiales (UO) la que ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el acuerdo de la Junta de Seguridad de Cataluña que otorga a los Mossos d'Esquadra la competencia en exclusiva de Medio Ambiente.

A juicio de esta asociación profesional de mandos de la Benemérita, "este acuerdo no tiene fuerza de Ley ni rango suficiente para modificar lo previsto en la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpo de Seguridad y Ley Orgánica 6/2006 de reforma del Estatuto de Cataluña".

Hay que recordar que ya en diciembre del año pasado, el Ministerio del Interior dejaba claro que cedería a los Mossos d’Esquadra las competencias en materia de seguridad ciudadana en puertos y aeropuertos, en detrimento de la Guardia Civil y la Policía Nacional, para cumplir con las negociaciones entre los socialistas y ERC. Y no solo eso, también se hacía constar que los agentes autonómicos asumirían más competencias en los delitos contra el medio ambiente, en detrimento del Seprona de la Guardia Civil.

"Opacidad" por parte del Gobierno

Otras asociaciones profesionales de la Guardia Civil, como JUCIL, denunciaban en su día que a pesar de las reiteradas solicitudes de información, tanto el ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska como la Generalitat mantenían una "gran opacidad", lo que provocaba "mucha inquietud en el seno de la institución y de los agentes afectados". No en vano, en la actualidad hay desplegados unos 3.600 efectivos de la Guardia Civil en Cataluña, a los que habría que sumar otros 1.200 si se cubriesen las plazas contempladas en el catálogo de puestos de trabajo.

Pero además, desde esta asociación apuntaban a otro poblema importante en la cesión de competencias por parte del Gobierno para satisfacer a sus socios: "Creemos que los Mossos no tienen capacidad policial para asumir estas competencias". Por todo ello, anunciaron también su intención de acudir a los tribunales.

Por su parte, desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), denunciaron que "esta ofensiva, que persigue despojar a la Guardia Civil de sus competencias y relegar su papel en la región, supone un ataque frontal a los pilares del Estado de Derecho y la seguridad de los ciudadanos".

Y ante las reiteradas negaciones por parte del Ejecutivo, desde esta asociación subrayan que es preocupante que mientras se propone una ampliación de la plantilla de los Mossos d’Esquadra a 25.000 efectivos para 2030, la Guardia Civil siga viendo mermadas sus capacidades operativas y competencias clave en puertos, aeropuertos y otras áreas de responsabilidad tradicional.