Uno de los principales rostros del GAL

El exinspector de policía y antiguo miembro de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) Michel Domínguez, que pasó varios años en prisión y que fue uno de los rostros más conocidos de la guerra sucia contra ETA, ha vuelto a ser detenido en Barcelona por su presunta relación con el narcotráfico.

En prisión desde 1988, fue condenado tres años después a 108 de cárcel por seis asesinatos frustrados y un delito de asociación de malhechores.

Domínguez -uno de los principales nombres de la guerra sucia contra ETA junto al exsubcomisario José Amedo- también fue condenado en 1998 por el Tribunal Supremo a otros dos años, cuatro meses y un día de prisión por el secuestro de Segundo Marey, un ciudadano hispano-francés al que los GAL confundieron con un cabecilla etarra.

A finales de ese año pasó al régimen abierto y en 2000 salió definitivamente de la cárcel al serle concedida la libertad condicional por haber cumplido las tres cuartas partes de la pena y tener un pronóstico favorable de reinserción.

Hoy se ha conocido que el pasado viernes fue detenido en Barcelona por un delito contra la salud pública.

Michel Domínguez Martínez nació en Chambery (Francia) en 1957 y tiene nacionalidad española. En 1982 fue nombrado inspector del Cuerpo Nacional de Policía y durante los cuatro años siguientes prestó servicios en la Jefatura Superior de Bilbao bajo las órdenes del subcomisario Amedo.

Perteneció a los autodenominados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), una organización terrorista que comenzó a actuar en diciembre de 1983, cuando tres individuos secuestraron durante diez días a Segundo Marey, vinculado a los círculos vascoespañoles residentes en Francia.

En sus declaraciones ante el juzgado y los medios de comunicación, Domínguez pormenorizó posteriormente cómo fue reclutado para la lucha contra ETA y cómo participó directamente en la traducción al francés del primer comunicado de los GAL, así como su participación directa en el secuestro de Marey.

El hasta entonces desconocido grupo terrorista se responsabilizó de dicho secuestro en un comunicado en el que confirmó su autoría, acusó al Gobierno francés de permitir a ETA actuar en aquel territorio, aseguró que cada asesinato etarra tendría respuesta y manifestó su intención de atacar los intereses franceses en Europa.

La aparición de los GAL coincidió con la desaparición de los dos grupos, el Batallón Vasco Español (BVE) y Antiterrorismo ETA (ATE), que practicaban la lucha terrorista contra ETA.

Desde este hecho inicial hasta finales de 1987 cometieron más de veinte asesinatos, actuando después de atentados etarras, y destruyeron coches e inmuebles.

Sus exigencias para dejar la lucha armada, expresadas en 1985, incluían el fin de los atentados de ETA, la disolución de la Ertzantza y el compromiso público de los dirigentes vascos de que reconocían la unidad de España y renunciaban a iniciativas separatistas.

El proceso judicial contra los GAL dio un importante giro cuando José Amedo y Michel Domínquez admitieron en 1994 su participación en el secuestro de Marey e implicaron a antiguos cargos policiales y de Interior.

El juez Baltasar Garzón acusó entre otros, a Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad; Julián Sancristóbal, ex director general de Seguridad, y Ricardo García Damborenea, ex secretario general de los socialistas vascos.

En julio de 1995 Sancristóbal, Damborenea y otros dos imputados asumieron su participación en los hechos e implicaron a Felipe González, José María Benegas, Narcís Serra y José Barrionuevo. El caso pasó al Tribunal Supremo, que en 1996 resolvió que no había indicios ni datos de responsabilidad respecto a González, Benegas y Serra.

Dos años después, el Tribunal Supremo condenó, entre otros, a Vera, Barrionuevo y Sancristóbal a 10 años de cárcel y 12 de inhabilitación por organizar, autorizar y financiar el secuestro de Segundo Marey en 1983.

Los doce procesados quedaron absueltos del delito de pertenencia a banda armada y tuvieron que hacer frente al pago de una indemnización de 30 millones de pesetas a Marey y a penas de inhabilitación.