Uno de los policías a los que invalidó el "procés": "Una cicatriz me recuerda lo que ahora dicen que no pasó"

La confirmación de que la amnistía a los responsables políticos del «procés» impulsada por el PSOE es plenamente constitucional, que a ella no cabe ni un solo pero por parte del Tribunal Constitucional (TC), ha sido un jarro de agua fría –aunque esperado– doloroso para los policías a los que, como a Ángel Manuel Hernández, lo que hoy se perdona les trunco el resto de su única vida.

«Es como si nos dijeran no ocurrió lo que a mí me recuerda todos los días la cicatriz de 15 centímetros que recorre mi antebrazo», resume a LA RAZÓN este miembro de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional al que las consecuencias físicas y psicológicas (estrés postraumático) retiraron de su puesto de trabajo que «tanto le gustaba».

Lo mismo le ocurrió a otros dos compañeros que estaban con él la infernal jornada en el que –cuenta– el centro de Barcelona se convirtió en escenario de una «guerra» en los que ellos evitaban que miles de manifestantes, buscando venganza por la sentencia del «procés», trataban de alcanzar la Jefatura de la Policía que alberga Vía Laeitana, con la intención de asaltarla.

Hernández trabajaba como antidisturbios en La Coruña y le obligaron a trasladarse a la capital catalana en aquel octubre de 2019 en que se conoció la condena para la cúpula de la Generalitat que celebró una consulta ilegal de autodeterminación. Su misión era prevenir y contener las protestas que se preveían por parte de los grupos más violentos organizados en torno a «Tsunami Democràtric», ante un fallo del Tribunal Supremo que ahora es un mero papel mojado. Ni él ni el resto de efectivos esperaban la violencia a la que tuvieron que enfrentarse y que acabó por jubilarles en contra de su voluntad.

Este UIP –porque, como explica, nunca dejas de identificarte como uno–y sus binomios afectados son los agentes que vieron como, por un defecto de forma, la Audiencia Nacional archivaba la investigación de los ataques que recibieron por parte de una multitud enfurecida de más de 5.000 personas en la zona de las calles Urquinaona, Jonqueras y Trafalgar.

De hecho, hace pocos días se confirmó, en respuesta a sus recursos, que no hay lugar a reavivar la causa que instruyó el juez Manuel García-Castellón.

En su caso, lo que les ha venido a decir, por ejemplo, la Fiscalía, cuando apoyó que se les aplicase la Ley de Amnistía a «Tsunami», es que existen dos terrorismos, uno de suficiente «gravedad» que no estaría excluido de la medida de gracia y otro, el que sufrieron, «de segunda», que se puede omitir.

«Nosotros desconocíamos hasta entonces esta diferenciación en los actos terroristas, que había de primera y de segunda», detalla Hernández a este diario.

En el mismo sentido ha actuado hasta el Ministerio del Interior, que no les ha reconocido como víctimas de terrorismo, como así solicitaron. El expediente de esta petición permanece congelado en algún cajón, pero ya avisa de que agotaron todas las vías para conseguirlo, con lo que miran ya a la judicial.

Para ellos, una prueba más de la «palabrería» con la que actúan los responsables políticos, como el ministro Fernando Grande-Marlaska, que acudió a visitarles al hospital y les transmitió su compromiso de que sus agresores lo pagarían. Más tarde, –rememora– lo que su mismo gobierno impulsa como respuesta, para revalidar la estancia de Pedro Sánchez en Moncloa, es un borrón y cuenta nueva para los responsables de la Generalitat que propiciaron con su deriva secesionista el estallido de la violencia social.

Lo mismo ocurre con aquel Sánchez que censuraba la «violencia» de «Tsunami» que –considera Hernández– ahora hace como que no ocurrió.

Que el procedimiento en torno a quién les atacó se archive contrasta –para este– con que cuatro policías si serán juzgados por el supuesto lanzamiento de una pelota de goma que habría dejado ciego a un manifestante.

En ello, ve que, cuando es un activista el herido, ya se da por hecho que el material antidisturbio el que le hirió, y no una piedra de las muchas que volaban por los aires en esos días. Pero si es un miembro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, se insiste en la posibilidad de que fuera un fuego «amigo» y no un adoquín del suelo, el que dejó invalido a uno de sus compañeros, pese a que quedó, explica, en su casco la marca de cuatro pequeños cuadrados.

Pero no son solo ellos, sino también está siendo «duro» digerir la confirmación de la amnistía familias que están detrás suya, por la razón obvia de que ellas, de igual forma, sufrieron directamente las consecuencias.

Este agente, que tiene reconocida una incapacidad laboral permanente y total, aprovecha para negar la tesis defendida por la Corte de Garantías en su espaldarazo a la medida de que todo fue una cuestión política: «Los actos políticos no tienen repercusiones destructivas para la vida de los ciudadanos, ni de los policías.

Se nos ha tratado como un número, uno se rompe y se coloca otro en su sitio, a modo de peones en un tablero de ajedrez». Y como apunta Hernández como moraleja de lo ocurrido: «El peón es al primero que sacrifica el que se encarga de mover las fichas».

Porque tiene claro que la amnistía del dolor que generó el «procés» solo ha sido posible porque la presencia de la política, los intereses de un partido, en la función y en la labor de instituciones, como el TC, que debe ser apolítico.