Uno de los socios de Aldama reclama al juez del "caso Koldo" un aplazamiento de su declaración

Ignacio Díaz Tapia, imputado en el "caso Koldo", ha pedido al juez que lo investiga en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, un aplazamiento de su declaración como investigado el próximo 25 de noviembre por dos nuevos delitos a la que se le citó este pasado martes porque su abogado tiene ese día otro asunto judicial que atender y el señalamiento se había acordado con anterioridad.

Requiere su defensa que por esta razón el instructor proceda a "la suspensión del señalamiento y la fijación de una nueva fecha". Traslada también que su abogado tampoco estará disponible el día 26 de noviembre por si el magistrado Moreno tuviera intención de mover su interrogatorio como investigado al día siguiente al previsto inicialmente.

A Díaz Tapia, apodado como "Nachito Flashback" el seno de la trama de cobro de comisiones ilegales en los contratos para el suministro de mascarillas a administraciones públicas, se le atribuye el papel de socio del considerado "líder" de la supuesta organización criminal, Víctor de Aldama.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señaló en base a los chats intervenidos entre varios investigados que Díaz Tapia mantenía una "vinculación directa" con Rubén Villalba, el comandante de este mismo cuerpo policial que ofrecía servicios de "seguridad" a los miembros de la trama, como la facilitación de teléfonos con líneas seguros para evitar que sus comunicaciones pudieran ser intervenidas por las fuerzas del orden.

Díaz Tapia contactó con el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de Canarias, que presidía en aquel momento el ahora ministro socialista Ángel Víctor Torres, para lograr que la administración canaria adjudicase en noviembre de 2020 a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión, cuatro contratos para el suministro de mascarillas por valor de 12,3 millones de dinero público.

Asimismo, es la persona a la que, según la UCO, Koldo García, la mano derecho de Ábalos en Transportes, intentó poner en contacto con la expresidenta socialista de La Rioja Concha Andreu a fin de que esta comunidad adjudicase a una de las empresas vinculada a Aldama contratos para la realización de pruebas PCR.

A este empresario se le han imputado esta semana otros dos delitos, de cohecho y organización criminal, por haber descapitalizado para Aldama su patrimonio con el fin de ocultarlo a la Hacienda española a través de la mercantil radicada en Portugal Etapinvisível Unipessoal LDA, de la que Tapia era dueño y ocupaba el cargo de socio-gerente.