Urdangarín rechaza que el «caso Nóos» se divida

Un mes antes de que la Fiscalía Anticorrupción se decantase, cambiando su criterio, por que sea el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Valencia, y no el juez José Castro, quien instruya el «caso Nóos», la defensa de Iñaki Urdangarín ya dejó claro al tribunal superior valenciano que la causa no puede dividirse.

Un mes antes de que la Fiscalía Anticorrupción se decantase, cambiando su criterio, por que sea el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Valencia, y no el juez José Castro, quien instruya el «caso Nóos», la defensa de Iñaki Urdangarín ya dejó claro al tribunal superior valenciano que la causa no puede dividirse. Mario Pascual Vives, abogado del duque de Palma, remitió el pasado 30 de julio al TSJ un escrito en el que se muestra partidario de que, si finalmente el tribunal ve indicios contra el ex presidente valenciano Francisco Camps y la alcaldesa de la ciudad del Turia, Rita Barberá, sea éste el que instruya toda la causa, descartando que Castro (quien lleva investigando el «caso Nóos» más de tres años) se quede con la parte del procedimiento referente a los contratos firmados por Urdangarín y Diego Torres con el Gobierno balear.

El escrito, de hecho, contiene las escuetas alegaciones de la defensa de Urdangarín a la exposición razonada que Castro remitió al TSJ de Valencia, en la que el magistrado dejaba en manos de este tribunal la posible imputación de Camps y Barberá, por su condición de aforados (ambos son diputados autonómicos), al apreciar indicios de la posible comisión de los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude a la Administración y falsedad en documento oficial. Según Castro, ambos tuvieron una intervención «decisiva» en la supuesta adjudicación «a dedo» al Instituto Nóos de la organización de los Valencia Summit de 2004, 2005 y 2006, y en el frustrado proyecto de los Juegos Europeos, por los que la asociación sin ánimo de lucro de Urdangarín y Torres percibió 3,5 millones de euros. Sin embargo, el juez de Palma de Mallorca considera que, si al final el TSJ acepta investigar a Camps y Barberá, él debe seguir instruyendo la parte de la causa relativa a los contratos firmados en Palma de Mallorca, lo que supondría de hecho que la investigación se dividiera.

Esa misma tesis compartía meses atrás el fiscal de Anticorrupción Pedro Horrach, quien sin embargo hace unos días, en sus alegaciones a la pretensión de Castro, se mostró partidario de que, una vez se impute a los dos políticos, toda la causa quede en manos del TSJ de Valencia. Con la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) en la mano, el representante del Ministerio Público, quien al igual que Castro defendía la «íntima conexión» de los hechos investigados en Baleares y Valencia lo que impedía, al tratarse de delitos conexos, que la causa se desgajara. Todo eso, según Castro, hacía «necesario» que el procedimiento se instruyese «bajo una misma causa».