Urdangarín recurrirá su fianza hasta la Audiencia Provincial

Aprecia «más que suficientes indicios» en su actuación al frente de Nóos y «transgresiones palmarias» de la ley. La defensa del duque de Palma recurrirá ante el magistrado y la Audiencia Provincial.

Iñaki Urdangarín y Diego Torres tendrán que hacer frente a una fianza de responsabilidad civil de casi 8,2 millones de euros –como pidió la Fiscalía y el sindicato Manos Limpias– por su actuación al frente del Instituto Nóos, una institución sin ánimo de lucro que, según el juez José Castro, se embolsó 6,1 millones de euros de los gobiernos valenciano y balear entre 2004 y 2007 a través de diversos convenios. Y lo hizo, explica a lo largo de 542 folios –en los que da a ambos un plazo de cinco días para cumplimentarla antes de ordenar el embargo de sus bienes–, utilizando como señuelo la «psicológica presión» que en los poderes públicos ocasionaba la pertenencia del duque de Palma a la Casa Real. La defensa de Urdangarín recurrirá la resolución ante el juez y, subsidiariamente, ante la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca.

El magistrado aprecia «más que suficientes indicios de criminalidad» contra los dos ex socios en Nóos, pero no se olvida de las administraciones que contrataron con el instituto, cuyos responsables, lamenta, cerraron los ojos y administraron los fondos públicos «bajo las directrices de su exclusivo capricho y desprecio a la legalidad». Éstas son las principales conclusiones del juez:

Cinco delitos

El instructor del «caso Nóos» se niega a aceptar la versión de la defensa de Urdangarín de que los hechos podrían tratarse, a lo sumo, de meras irregularidades administrativas. «Nada más lejos de la realidad», afirma en su resolución, en la que tacha de «hipótesis de laboratorio» la posibilidad de que no haya actuación delictiva alguna en el comportamiento de Urdangarín y Torres. De hecho, les imputa cinco delitos, todos ellos de forma continuada: prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos, fraude a la Administración, falsedad documental y tráfico de influencias (a los que habría que añadir los tres delitos fiscales que aprecia la Hacienda Tributaria).

Ánimo de lucro

Aunque Nóos se constituyó como una fundación sin ánimo de lucro, Castro cree que la asociación «dista abismalmente de poder ser considerada» como tal. En realidad, añade, «su propio actuar» revela que «estaba presidida por un desmedido ánimo de lucro».

Parentesco por bandera

El juez Castro hace hincapié en que el tándem Urdangarín-Torres utilizó «en su exclusivo beneficio el área de influencia que suele ser inherente a la más alta institución del Estado. Se pusieron de acuerdo, añade, en «rentabilizar hasta donde les fuera posible ante entidades privadas e instituciones públicas» esa influencia que «real o de obligada imaginación, se deriva del parentesco (de Urdangarín) con la Casa Real». «Unas veces de manera implícita y en otras de manera franca, e incluso documentada, con claras referencias» tanto al ya imputado Carlos García Revenga, secretario de las Infantas, como a Doña Cristina (cuya pertenencia a Nóos se incluyó en un folleto promocional).

Hay más culpables

La supuesta actividad delictiva no se habría producido sin la intervención «de una manera activa o pasiva» de los poderes públicos a través de «una serie de personas, unas perfectamente identificadas y otras que previsiblemente lo estarán», que colaboraron en esa actividad sometiéndose «a la voluntad de Urdangarín y de su socio Diego Torres», quienes «impusieron la redacción de los distintos convenios» y «fijaron unilateralmente el precio que en todos los casos fue asumido sin discusión».

La fórmula jurídica

Según el juez, los encausados no impusieron directamente a los responsables políticos «las concretas fórmulas jurídicas a las que se debieran someter sus negocios», sino que les bastaba con plantear sus exigencias (no someter la adjudicación a concurso y no tener que justificar los fondos recibidos) para que aquéllos eligieran, prestándoles un «trato de favor», la fórmula jurídica «que, adecuada o no a la ley, ya que eso era lo de menos, las colmara».

Se decidían verbalmente

Los convenios con la Administración venían precedidos de «contactos directos» en los que, asegura el magistrado, «ya se decidía verbalmente la contratación, cuya redacción del texto y repercusión económica se abandonaban a la voluntad del particular», sin que ni en el Gobierno balear ni en el valenciano «se les insinuara reparo o interrogante alguno». De ahí la «asombrosa similitud» existente entre todos los convenios.

Necesidad «fabricada»

En el horizonte de las administraciones que contrataron con Nóos nunca estuvo, según la investigación, ninguno de los proyectos ofrecidos por Urdangarín y Torres. «La necesidad no existía y fue expresamente fabricada para que se ajustara al ofrecimiento» que ambos hacían.

Emplaza a la generalitat

El instructor sugiere en su escrito a la Generalitat Valenciana que se persone como acusación en el procedimiento en calidad de perjudicada, lo que hace extensible a la Ciudad de las Artes y las Ciencias y a la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau.

Órdenes de matas

Fue el entonces presidente del Gobierno balear, Jaume Matas, quien en 2003 dio el visto bueno a los proyectos de Urdangarín, de manera que cuando llegó la hora de abordar la contratación con Nóos, «como la misma ya estaba ordenada» por Matas, «se decidió prescindir olímpicamente de tramitar absolutamente ningún concurso público».

Gastos de urdangarín

El juez cree «censurable» que, con ocasión del Valencia Summit de 2006, el duque de Palma, cargara a la Ciudad de las Artes y las Ciencias sus gastos de estancia en la ciudad (en cuantía «inexplicablemente muy superior a la de los demás asistentes»), pese a que «ya percibía por su intervención en cada evento un canon de 900.000 euros libres de impuestos» a través de Nóos.

123 facturas rechazadas

Castro elogia la actuación de Isabel Villalonga, quien en 2006 era subsecretaria de Presidencia de la Generalitat Valenciana ( y a quien el juez retiró la imputación en septiembre de 2012). «Valientemente», dice, rechazó el pago de 123 facturas a Nóos y su entorno (incluida Aizoon), por valor de casi dos millones de euros, debido a que no estaban debidamente justificadas.

Un folio para 1,2 millones

El convenio entre Nóos, la Fundación Illesport e Ibatur (Turismo de Baleares), por el que la asociación de Urdangarín y Torres percibió 1,2 millones de euros por un evento (una cumbre sobre turismo y deporte) «de tan solo dos días de duración», se justificó exiguamente. «Hay que tener valor –se queja Castro– para calificar como detallado un presupuesto de un folio de extensión para un encargo de 1,2 millones de euros».

Vaciado de cuentas

«Como tan sustanciosos beneficios eran incompatibles con la aireada naturaleza» de Nóos, dice Castro, «obligado era vaciar sus cuentas», una labor en la que «cobró toda su virtualidad» la red de empresas vinculadas a Nóos.

Paraísos fiscales

«Como a pesar de las laboriosas y sofisticadas actividades dirigidas a minorar los impuestos», las cantidades a pagar les seguían pareciendo «excesivas», el instructor sostiene que el duque de Palma y Torres encargaron en 2006 la creación de dos sociedades «fiscalmente opacas», una en Belice y otra en Londres.