Urkullu suprime los escoltas pese a que la amenaza continúa

BILBAO- A pesar de que ETA no ha tomado la decisión de disolverse, el Gobierno vasco retirará en los próximos días la mayoría de los escoltas que protegen a los principales cargos electos de la comunidad autónoma. A partir del 1 de junio, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu suprimirá el cien por cien del personal de seguridad privada que trabaja con cargo a los Presupuestos del País Vasco para garantizar la protección de dirigentes políticos. Seguirá prestándose este servicio, de forma limitada y sólo a los principales dirigentes de los partidos, con agentes de la Policía autónoma vasca.

El departamento vasco de Interior se encarga de la seguridad de las autoridades y cargos políticos más relevantes. Aunque el grueso de los servicios de escoltas corre a cargo del Ministerio del Interior, los máximos dirigentes del PSE y del PP, como Patxi López o Arantza Quiroga, son escoltados por personal contratado por el Gobierno vasco. Se calcula que unos cincuenta cargos socialistas y unos veinticinco del PP llevan guardaespaldas a cargo del Ejecutivo autónomo.

La decisión de prescindir de los escoltas privados está suponiendo una reestructuración de todos los servicios de escoltas, ya que una parte de las personas que cuentan con protección por parte del Gobierno vasco va a seguir protegida, en algunos casos por agentes de la Ertzaintza y en otros por personal contratado por el Ministerio del Interior. El Gobierno de Rajoy no está de acuerdo con la medida, por entender que ETA sigue suponiendo una amenaza. Según Interior, se siguen detectando movimientos que demuestran la plena actividad de los comandos de ETA. La tendencia, sin embargo, es a suprimir paulatinamente la protección de las personas tradicionalmente amenazadas por ETA. En septiembre de 2012, un año después de la declaración de «alto el fuego definitivo» por parte de ETA, el Gobierno vasco ya redujo a la mitad los escoltas de los concejales y se suprimió la protección de quienes dejaron de serlo tras las últimas elecciones municipales, con excepciones.

También en febrero del año pasado dejaron de tener escolta la mayor parte de los jueces y fiscales que ejercen en el País Vasco. Sólo mantienen los escoltas los altos cargos como el presidente o el fiscal del Tribunal Superior de Justicia.

Los recortes afectaron también en marzo del año pasado a los concejales que llevaban servicio de protección asignado por el Ministerio del Interior, que dejaron de tener dos escoltas por persona y se quedaron con un solo guardaespaldas. Los escoltas privados que prestan servicio en el País Vasco y Navarra a cargo del Gobierno de España pasaron entonces de 789 a 364.