Elecciones 28-M

El yerno del líder de Coalición por Melilla y un consejero, detenidos por el fraude del voto por correo

Los nueve arrestados han quedado en libertad a la espera de declarar ante el juez

En estos momentos hay una operación policial de la Jefatura Superior de Policía abierta en Melilla, en el marco de la investigación judicial por el caso de votos por correo, con 10 registros en varios puntos de la ciudad y nueve detenidos (tres ayer y seis hoy), según informa la Delegación del Gobierno en la Ciudad Autónoma. Los agentes, según ha podido saber LA RAZÓN, han encontrado en los registros votos por correo sin depositar y mucho dinero. La sede la Coalición por Melilla (CPM) figura entre los lugares sometidos a registro por orden judicial. Los arrestados han quedado en libertad a la epera de declarar ante el juez.

Entre los arrestados estaría el yerno del líder de CPM (Mustafá Aberchán), una persona conocida como Abdul Lobo, según distintas fuentes, aunque no ha podido ser confirmado oficialmente, y el número 3 de las listas de CPM, Mohamed Ahmed Al-lal.

Mohamed Ahmed Al-lal es actualmente consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana en el gobierno melillense y fue viceconsejero de Nuevas Tecnologías. Esta persona fue la contrató el polémico concierto de Morad que costó 207.000 euros y que trajo aparejados 18 contratos menores, según denunció el Partido Popular.También, el concierto no menos controvertido de Kiko y Shara que costó 56.200 euros, pero no se le dio publicidad desde la Ciudad Autónoma, ni siquiera desde sus redes sociales y no fue nadie. En ese momento corrió por WhatsApp un audio de Kiko explicando que ellos habían cobrado 7.000 euros por actuar en un barrio de la periferia de Melilla (Las Palmeras) y que el resto del dinero (hasta 80.000 euros) se lo llevaron los organizadores. Luego matizó sus palabras y dijo que aparte del caché de 7.000 euros, les pagaron hotel y estancia en Melilla y que las cosas no eran como le habían contado.

Por otra parte, Coalición por Melilla ha sido suspendida por el momento del "Acuerdo del Turia", la alianza constituida por Más País, Compromís y otros partidos progresistas, hasta que se aclare todo el asunto sobre el presunto fraude electoral que se estaría cometiendo en la ciudad con motivo de los comicios municipales del día 28. Se trata de una medida preventiva hasta que se esclarezca la investigación policial y judicial que se encuentra en curso.

Aunque las investigaciones se mantienen secretas, los agentes habrían identificado a algunos de los depositaron numerosos votos a la vez antes de que la Junta Electoral Central prohibiera hacerlo. O los que han ido ofreciendo dinero a los votantes.

Entre los nueve arrestados, algunos en la conflictiva Cañada de Hidun (yihadismo, tráfico de drogas), podría haber individuos relacionados con la venta del hachís al menudeo. La mayoría son de origen melillense aunque hay algún marroquí. Se tratase trata de delincuentes comunes conocidos por la Policía Nacional, según medios de la Ciudad Autónoma. Entre los 10 registros, se ha realizado uno la carretera de Farhana, en concreto en un estudio de grabación.

Las investigaciones del supuesto fraude, ya judicializadas, las lleva a cabo la Policía Nacional y se daba como seguro que no tardarían en dar resultados. Melilla es una ciudad de 12 kilómetros cuadrados, en la que se conoce todo el mundo, y lo que ayereran sospechas que corrían de boca en boca hoy se han comnvertido en evidencias que serán presentadas ante la autoridad judicial.

Preocupa la gran cantidad de dinero que ha movido la presunta organización criminal que ha liderado todo esto (se ha llegado a hablar de un millón de euros) y la procedencia del mismo, que algunos sitúan en el mundo del crimen. En cualquier caso, conjeturas hasta que no haya resultados policiales.

El procedimiento era tan sencillo como acudir a las zonas donde viven las personas más vulnerables económicamente, como la citada Cañada, y pedirles que solicitaran el voto por correo. Una vez que recibían el sobre con las papeletas y el certificado necesarios para emitir el sufragio, se lo compraban a cambio de entre 50 y 200 euros; metían el voto del partido al que en función del cual actuaban y, como no era necesaria la presentación del DNI, los miembros de la organización criminal lo hacían, o lo pretendían hacer, con auténticas “sacas”. Se han detectado entregas de hasta 10 votos a la vez.

Pero, una vez tomadas las medidas electorales y policiales, el fraude se ha complicado de manera enorme. La pregunta es obligada. ¿Qué va a ocurrir con los 10.405votos que se pueden emitir por correo, al haber sido solicitados, y que aún no han sido depositados en las oficinas de Correos? ¿Están, en su mayoría, en manos de sus legítimos propietarios o, como se sospecha, en manos del grupo criminal? ¿Buscarán alguna forma para que puedan ser emitidos por sus legítimos titulares o se irán directamente a la abstención? ¿Cómo “repatriar” los que se han mandado a la península? Se cree que muchos de estos sufragios pueden ir ahora a la abstención.