Veteranos del PSOE, contra las lenguas cooficiales en el Congreso: «Nunca nos pondríamos un pinganillo para hablar con un compatriota»

Exdiputados y exsenadores miembros del PSOE –entre los que figura el recién expulsado por Ferraz Nicolás Redondo– han suscrito un manifiesto dirigido a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, para expresar su rechazo al uso de las lenguas cooficiales en la Cámara Baja, una de las exigencias independentistas para el apoyo de una investidura del actual presidente en funciones, Pedro Sánchez. Se trata de una iniciativa del exmiembro de la dirección nacional del PP Eugenio Nasarre, que fuera director de RTVE, secretario general de Educación con Esperanza Aguirre y presidente de la Comisión de Educación del Congreso, y su contenido tuvo el respaldo en primer lugar de Virgilio Zapatero, exministro de Relaciones con las Cortes y Secretaría del Gobierno –miembro de la generación del PSOE que llegó al poder en 1982 bajo el liderazgo de Felipe González– y los exdiputados Pedro Bofill y Alejandro Cercas, en una lista que rebasaba ayer la veintena y pretendían que alcanzara hasta 50 apoyos.

Este grupo de veteranos de la política apunta que les «ha causado gran estupor y mayor consternación la iniciativa de pretender modificar los usos de la Cámara, convirtiéndola en una institución plurilingüe. Ese cambio quiere llevarse a cabo, además, de manera escandalosamente precipitada y con el quebranto de una regla de oro del parlamentarismo demoliberal: que las modificaciones del Reglamento, al ser las normas que establecen las reglas de juego de la institución, han de contar con un amplio acuerdo de los grupos parlamentarios, como siempre ha sucedido», según el texto al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Por este motivo, aseguran que «la pretensión de que la mitad de la Cámara imponga una reforma de tal calado es un trágala inaceptable, una verdadera ruptura de las reglas propias de cualquier sistema democrático». En consecuencia, escriben,«queremos expresar nuestro más firme rechazo a una reforma del Reglamento que contradice la Constitución, no se adecua a nuestra realidad lingüística y no es razonable».

Al manifiesto se han sumado Juan José Laborda, expresidente del Senado; Javier Rojo, expresidente del Senado y diputado; Javier Saénz de Cosculluela, exministro de Obras Públicas; José Rodríguez de la Borbolla, exsenador; Nicolás Redondo, exdiputado; Francisco Vázquez, exdiputado y exalcalde de La Coruña; Elena Flores, exsenadora; Luis Berenguer, exdiputado; Ciriaco de Vicente, exdiputado; Alfonso Garrido, exsenador; Antonio Ojeda, exsenador; José Carracao, exsenador; Javier Paniagua, exdiputado; Francisco Moreno, exsenador; Salvador Moreda, exdiputado, y Tomás Gómez, exsenador.

«Los que firmamos este escrito hemos tenido el alto honor de representar al pueblo español en las Cortes Generales a lo largo de los cuarenta y seis años de nuestra democracia y de sus catorce legislaturas. Hemos sentido al Parlamento como la casa del diálogo y de la deliberación al servicio de los españoles. En todo este largo tiempo el castellano, “lengua oficial del Estado”, ha sido la lengua en la que hemos dialogado, hemos debatido y hemos cumplido nuestra misión. Lo hemos hecho con total normalidad, ya que el castellano es nuestra lengua común, la lengua en la que todos los españoles, sean vascos, andaluces, castellanos, catalanes, extremeños, nos entendemos en nuestra vida cotidiana en todos los lugares de España. Ningún español necesita de intérprete cuando habla con otro español», aseguran.

«España es una comunidad lingüística con una lengua común (el castellano o español) y con una variedad de lenguas habladas en unas determinadas partes de esa comunidad. Esta y no otra es la incontestable realidad lingüística de España. La pluralidad de lenguas habladas en nuestro territorio es, claro está, una riqueza cultural, que todos los españoles apreciamos y nos importa preservar. Pero nuestra mayor riqueza es que poseemos una lengua común, en la que nos entendemos todos los españoles sin excepción», siguen los firmantes.

«A esta realidad lingüística responde certeramente el modelo establecido por nuestra Constitución. Por ello, la lengua común es la única “lengua oficial del Estado”, cuyo “deber de conocerla y derecho a usarla” proclama en su artículo 3. Las demás lenguas “serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus Estatutos”. Pero, en ningún caso, son “lenguas cooficiales” del Estado, por lo que no tiene soporte constitucional su uso en el órgano que representa la soberanía nacional», continúa el comunicado.

La «verdadera intención de sus promotores», denuncian los opositores a esta medida, es «negar la condición del castellano como lengua común de los españoles. Los diputados tendrían que utilizar el casco o el pinganillo para entenderse entre ellos. Esa sería la nueva imagen de la Cámara, alejando la política de la vida normal de los españoles». Por todo ello, «exhortamos a los diputados de la XV Legislatura a que, con sentido de la responsabilidad y por el bien de nuestra convivencia, rechacen una iniciativa, en virtud de la cual el Congreso cambiaría su naturaleza y produciría una grave mutación constitucional, encaminada a su transformación hacia una “realidad plurinacional”».

El escrito dirigido «a la presidenta del Congreso» y «a los diputados de la XV Legislatura» es concluyente en su reflexión final: «Quienes firmamos este escrito no nos pondríamos nunca un pinganillo para poder dialogar con un compatriota, pudiendo hacerlo en la lengua común de ambos, que es la lengua de todos los españoles».

Precisamente hoy, los nuevos portavoces parlamentarios se reúnen por primera vez tras la constitución de las Cortes para ordenar el primer Pleno de la XV Legislatura, que a cuenta del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso ha enfrentado a los partidos de izquierda, independentistas y nacionalistas, con el PP y Vox.

La propuesta que permitirá reformar el Reglamento se pretende tramitar el día 19 por la vía de urgencia y en lectura única, sin pasar por la Comisión del Reglamento, que aún no se ha constituido.

La Junta de Portavoces, integrada por todos los grupos (PSOE, PP, Sumar, Vox, ERC, JxCAT y el Grupo mixto) tendrá que dar el visto bueno a ese primer Pleno donde, por primera vez habrá traductores e intérpretes de euskera, catalán y gallego y donde incluso se podrá hablar en otras lenguas no oficiales, como el aragonés, el asturiano o el bable, siempre que el diputado se autotraduzca.