Vía muerta independentista

En enero de 2013 el Parlamento de Cataluña aprobó por amplia mayoría de votos una «Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña». Los partidos políticos que han respaldado esta resolución parecen haberla planteado como el primer paso de un proceso que continuaría con la convocatoria de un referéndum y terminaría –supuesto un resultado favorable– con la declaración unilateral de independencia y con Cataluña convertida en un nuevo estado soberano. Se trata por tanto de tres etapas: declaración de soberanía, referéndum y declaración de independencia. Desde un punto de vista político, moral e incluso económico, esta hoja de ruta puede plantear muchas preguntas y suscitar debates. Pero desde un punto de vista jurídico-constitucional me parece claro que ni siquiera es posible dar el primero de los tres pasos. La declaración de enero de 2013 afirma que «el Parlamento de Cataluña acuerda iniciar el proceso para hacer efectivo el ejercicio del derecho a decidir para que los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña puedan decidir su futuro político colectivo». En 2008, el Parlamento Vasco había aprobado una ley para convocar una consulta sobre «la paz y la normalización política». El TC la anuló por dos motivos. Primero porque sólo el Estado puede legislar en materia de referendos. Pero sobre todo porque –decía el Tribunal– «la Ley recurrida presupone la existencia de un sujeto, el "pueblo vasco", titular de un "derecho a decidir"susceptible de ser "ejercitado", equivalente al titular de la soberanía, el pueblo español, y capaz de negociar con el Estado constituido por la nación española los términos de una nueva relación entre éste y una de las comunidades autónomas en las que se organiza. La identificación de un sujeto institucional dotado de tales cualidades y competencias resulta, sin embargo, imposible sin una reforma previa de la Constitución vigente». Esto deja las dos primeras etapas en vía muerta. ¿Y la tercera? Sólo parece imaginable después de las anteriores. Pero tampoco una declaración de independencia convertiría a Cataluña –como Bruselas no deja de recordar– en un nuevo Estado de la Unión Europea.

*Doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional