Los vocales conservadores del CGPJ piden que García Ortiz no acuda a la apertura judicial y que no se ubique a Bolaños junto al Rey

Los diez vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGJP) han remitido una misiva a la presidenta del órgano y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, en la que le piden que traslade al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la "inconveniencia" de intervenir en el acto a tenor de su procesamiento por un delito de revelación de secretos. Igualmente, solicitan que no se ubique al ministro de Justicia, Félix Bolaños, junto al Rey Felipe VI tras las acusaciones de "lawfare" de Moncloa.

En la misiva, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, argumentan que buscan visibilizar "el rechazo a los ataques injustos e injustificados a los jueces por parte del Ejecutivo". En ese sentido, proponen a Perelló que el también ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes no ocupe un lugar en estrados para significar "la separación y el respeto entre los poderes del Estado". Al respecto piden que se ponga en conocimiento de la Jefatura del Estado esta situación, "a efectos de la adecuada coordinación institucional".

La mitad del Consejo traslada de esta manera su "gran preocupación" por la "circunstancia de que el fiscal general tenga previsto ocupar un lugar en estrados y dirigirse públicamente a su Majestad el Rey, a los magistrados que han de juzgarle y al conjunto de los asistentes", indican. Los conservadores precisan que no buscan con este gesto poner en duda la presunción de inocencia de García Ortiz, toda vez que todavía no ha sido juzgado, pero consideran que con su situación procesal "no resulta apropiado" que intervenga en el acto.

"Difícilmente comprensible que esta situación se tolere"

Cabe recordar que la ceremonia -que marca el arranque del nuevo curso judicial- cuenta tradicionalmente con dos intervenciones: la de la presidenta Perelló y la del fiscal general del Estado, que da cuenta de la Memoria Anual del Ministerio Público. Sin embargo, el procesamiento de García Ortiz por revelación de secretos y la inminente apertura de juicio oral provoca un auténtico malestar en la cúpula de la carrera, que entiende que no debería participar en el acto.

En ese sentido, los 10 vocales conservadores del Consejo explican que su presencia este viernes ante el Rey, que preside la ceremonia, compromete "inevitablemente la serenidad que el acto demanda". "Resulta, por ello, difícilmente comprensible que esta situación se tolere. La consecuencia es una innecesaria tensión para la Fiscalía General del Estado, para el Poder Judicial y, en última instancia, para el propio Jefe del Estado, que preside el acto.

Al hilo, también han reaccionado a la entrevista concedida este pasado lunes por el presidente del Gobierno en TVE en el marco de la cual dijo que "algunos jueces hacen política", en referencia a los instructores de las causas penales abiertas contra su mujer, Begoña Gómez, o su hermano, David Sánchez. Este ataque propició el rechazo absoluto prácticamente de todas las asociaciones de jueces que alertaron de la "gravedad" de lo manifestado y de que fueron comentarios "populistas e irresponsables".

Apartar a Bolaños tras las acusaciones de Sánchez

También el CGPJ se puso a trabajar en una respuesta a la entrevista, como informó este medio, si bien la misma se produce por parte de los conservadores que ahora piden a Perelló que no siente al ministro de Justicia con el jefe del Estado en la ceremonia del viernes. Al respecto, denuncian que el también líder del PSOE lanzó "acusaciones genéricas" contra jueces y magistrados que luego reiteró ante la prensa internacional "poniendo en duda la imparcialidad y el recto desempeño de su función".

"En la misma línea se manifestó al día siguiente la portavoz del Gobierno, yal siguiente el propio Ministro de Justicia. Ante ello, queremos manifestar que tales afirmaciones no solo resultan injustas, sino que lesionan la confianza en uno de los pilares del Estado democrático de Derecho", indican en la misiva y añaden: "La independenicia judicial no es un privilegio corporativo, sino una garantía para todos los ciudadanos. Las críticas a resoluciones concretas son legítimas, pero la deslegitimación global de jueces y tribunales erosiona el sistema constitucional mismo", sostienen.