Vocales conservadores, sobre las posibles dimisiones del CGPJ: "Es un ataque frontal a la Constitución"

Ataque a la Constitución, disparate, ilógico, irresponsable y así toda una ristra de adjetivos con los que los vocales conservadores valoran la posibilidad de que sus compañeros progresistas puedan dejar de ocupar su silla en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El martes se reunirán los progresistas para decidir si dimiten de forma individual pero consensuadamente para dejar sin quorum el órgano que no podrá tomar decisiones en el futuro y forzar así que los partidos políticos pacten la renovación del Consejo que lleva desde hace más de cuatro años caducado. Como mucho de lo que le ha pasado a este CGPJ desde la dimisión del que fuera su presidente Carlos Lesmes, se abre de nuevo un escenario inédito en el que afloran muchas dudas jurídicas.

"El Consejo tiene unas funciones que son absolutamente ineludibles. Es una verdadera locura", remarca un conservador. Para esta fuente la posibilidad de una renuncia conjunta es un "ataque frontal a la Constitución" y es, además, "confundir términos" porque "el problema es de las Cortes Generales y no de los vocales", dice.

Todo comenzó el pasado miércoles cuando la vocal Concepción Sáez trasladó una carta al actual presidente Rafael Mozo argumentando su decisión de dimitir ante la "insostenible" situación. No es la primera vez que una renuncia se ponía encima de la mesa. La dimisión de Lesmes, muy simbólica por haber sido la cabeza el órgano durante años, también fue una amenaza que duró meses y que pretendía ser un revulsivo para que PP y PSOE se sentaran a negociar. Finalmente, se materializó el pasado 9 de octubre y lejos de haber supuesto un cambio la situación está más estancada que nunca. Sáez sigue su estela ahora y abre un nuevo melón después de que el vocal Álvaro Cuesta (antiguo diputado del PSOE) enviara un mensaje de Whatsapp a sus colegas: "Creo que ya hemos cumplido y que tras las dimisiones de Carlos Lesmes y Concha, nuestra permanencia queda en evidencia".

Sin embargo, no todos piensan como él y el primero de los escollos está en conseguir que ocho (y ni uno menos) estén dispuestos a dejar su cargo para eliminar el quórum de un CGPJ que ahora se compone de 18 miembros. "Yo vine para quedarme y no será que no tenga ganas de dimitir y desde hace mucho tiempo", confiesa un vocal a este periódico. "El Consejo no puede quedar vacante, ¿qué hacemos con la disciplinaria?, dice otro refiriéndose a la comisión que sanciona a los jueces y que quedaría vacía. "Es una barbaridad tan gorda", señala una tercera. "Abandonas la carrera judicial a su suerte", sentencia.

La reunión de este martes comenzará a las siete de la tarde y a ella acudirán el presidente Mozo y Cuesta, principal impulsor de la renuncia, junto a Mar Cabrejas, Roser Bach, Enrique Lucas, Pilar Sepúlveda y Clara Martínez de Careaga. Los siete tendrían que estar de acuerdo para que la estrategia funcionara y se unieran a la dimisión de Sáez. De producirse solo unas cuantas renuncias sueltas, el efecto sería el contrario y el CGPJ se quedaría con una mayoría conservadora todavía más holgada que la que ostenta actualmente.

Las dudas sobre si Mozo puede aceptar la renuncia

Una de las grandes incógnitas está también en saber si la renuncia de Sáez será aceptada porque, aunque algunas fuentes hablan de que la responsabilidad última es del presidente (y eso pone en la ley) otras recuerdan que tras la dimisión de Lesmes el documento que se firmó para que el jefe fuera Mozo esclarecía que las decisiones importantes se decidirían en el pleno y "cosa más importante que esta no hay", remachan.

La figura del presidente es importante también en lo referente a la comisión permanente. Esta reunión de ocho personas que toma las decisiones del día a día de la carrera es el núcleo duro del CGPJ y, algunas fuentes consultadas, creen que podría seguir operando incluso después de todas las dimisiones. Lo cierto es que entre esos miembros hay progresistas y si éstos dejan el cargo la comisión quedaría desestructurada. La Ley Orgánica del Poder Judicial indica que "el pleno del Consejo General del Poder Judicial elegirá anualmente a los vocales de la comisión permanente" [artículo 602], pero si no hay pleno las vacantes en dicha comisión no podrán rellenarse. O sí, tampoco lo tienen claro los propios vocales.

La presidencia europea y las elecciones

Todos coinciden en que el contexto es crítico porque el bloqueo de la renovación ha erosionado gravemente el Poder Judicial y está dejando un agujero de dimensiones cada día mayores en las cúpulas de la carrera. Pero ninguno de los conservadores se muestra dispuesto a dejar el cargo. "Es cargarse un poder del Estado, ¿Quién tendrá esas competencias? ¿El Ministerio de Justicia?".

Ven detrás de este golpe en la mesa de los progresistas un interés velado del Gobierno que busca llegar a la presidencia de la Unión Europea (que le toca en junio) con el Consejo renovado, dicen.

Además a esto se une la complejidad de que es el CGPJ el que elige a los miembros judiciales de la Junta Electoral. Las fuentes consultadas señalan que los progresistas trabajan ya para dejar atados todos los cabos de las Juntas Electorales Provinciales que estarán terminadas el próximo 4 de abril, pero la gran duda está en las elecciones de diciembre. Si finalmente las dimisiones se llevan a término habría un problema real de celebración de las elecciones porque no podría conformarse el órgano que vela por la correcta celebración. Algunas fuentes consideran que ahí es donde están intentando ejercer la presión los progresistas para que al PP no le quede otro remedio que pactar con el Gobierno antes de un nuevo plebiscito.

Y en el horizonte algunos incluso ven responsabilidades penales como un delito de abandono de la función pública.