Los votantes de Podemos apoyan la reforma de la Ley del «solo sí es sí»

La Ley del «solo sí es sí» nació de un grito en las calles, tras de la sentencia de «La Manada»: «No es abuso es violación». La respuesta a esta reclamación popular llevó al Gobierno a eliminar la división entre ambos delitos en el Código Penal, una maniobra legislativa que ha acabado generando lo que en Moncloa definen como «efectos indeseados», esto es, propiciar una cascada de revisiones de condenas a agresores sexuales.

La «alarma social» y el desgaste político generados en vísperas del ciclo electoral, llevaron al PSOE a no dilatar más la reacción y promover la vuelta a la horquilla penológica anterior. Durante meses, los técnicos de Justicia estudiaron las revisiones de condenas dictadas por los distintos tribunales y los recursos interpuestos por las víctimas a estas rebajas de penas y el diagnóstico fue dar marcha atrás, sin tocar el consentimiento, pero incluyendo la violencia, intimidación o anulación de la voluntad para agravar el castigo.

Cuando Pedro Sánchez ordenó dar una solución a esta problemática, sentó en la mesa de negociación a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y a la de Justicia, Pilar Llop, para que llegasen a un entendimiento. Este acuerdo ha sido imposible, las negociaciones se rompieron, el PSOE decidió presentar su reforma en solitario y trasladar las conversaciones al Congreso de los Diputados para conseguir las adhesiones suficientes a la modificación. Todo ello, sin la connivencia de sus socios. Los morados siguen enrocados en que la ley es buena y no necesita cambio alguno, una posición en la que se han quedado aislados dentro del Gobierno, pero también de cara a la opinión pública. Ni siquiera sus votantes los acompañan en esta deriva.

Así se desprende de la última encuesta de NC Report para LA RAZÓN en la que el 66,7% de los votantes de Unidas Podemos se muestra favorable a la reforma de la Ley del «solo sí es sí», por el 28,6% que comparte que el texto no tiene reparos pese a sus consecuencias. Los cambios en la norma de Igualdad se imponen de manera mayoritaria entre todos los encuestados, con un 75,4%, mientras que un solitario 13,9% optaría por dejarla como está. El 10,7% no sabe o prefiere no responder a la cuestión. La idoneidad de la reforma también se aprecia de manera unánime en todos los rangos de edad, siendo los más jóvenes (63,3%) quienes se muestran más reticentes.

La respuesta al problema surgido es compleja técnicamente, dado que el principio de retroactividad abre una ventana de oportunidad para que los encausados y condenados se beneficien de la ley más favorable. Hasta que la reforma no entre en vigor no podrá aplicarse a casos futuros, los que se cometan a partir de su vigencia, por lo que el goteo persistirá para todos los casos anteriores. Fuentes socialistas estiman que podrían llegar a revisarse a la baja unas 1.600 condenas. De este modo, el 60,9% de los entrevistados cree que una vez se apruebe la reforma, se frenará la rebaja de penas, por el 22% que se muestra pesimista en este aspecto y el 17,1% que es incapaz de dar una respuesta. Por partidos, solo los votantes de PP (48,7%) y Vox (63,6) comparten que la reforma no tendrá resultados, mientras que los de PSOE (75%) y Podemos (63,6%) sí creen que contribuirá a frenar los «efectos indeseados».

La polémica del «solo sí es sí» ha comprometido el capital político del Gobierno, dado que esta era una de las normas centrales de su agenda legislativa. Las tensiones internas se han disparado, pero tanto las partes concernidas como los votantes no aprecian que esto suponga un riesgo real de ruptura. Así se manifiesta el 44,6% de los encuestados, mientras que un 39,8% sí percibe una amenaza para la supervivencia de la coalición. El 15,6% prefiere no responder. Dentro de los partidos, cabe destacar que los votantes de Podemos ven peligrar más la coalición (40,9%) que los del PSOE (38,6%) aunque ambos se decanten por mantener la entente. Por edades, son los jóvenes (41,7%) quienes más aprecian el riesgo de ruptura.

En lo que sí coinciden los entrevistados es en reseñar que esta crisis pasará factura a ambos partidos (37,5%), aunque el reparto de culpas perjudique a Podemos (26,1%) sobre el PSOE (18%). Si nos atenemos a las sensibilidades políticas, es curioso observar como los partidos de la derecha perciben a los socialistas más debilitados por la polémica, mientras que los de izquierda –incluidos los de Podemos (19,1%)– creen que los morados asumen un mayor coste.

Irene Montero, en el punto de mira

En el capítulo de responsabilidades políticas, nadie parece estar dispuesto a dar un paso al frente. Sánchez ha asumido la iniciativa de la reforma, asegurando que se «queda corto» llamar «efectos indeseados» a lo que ha ocurrido, y Llop se hace responsable de las consecuencias que tenga la reforma de la Ley del «solo sí es sí». Sin embargo, es Irene Montero quien queda en una posición seriamente comprometida, a nivel político, si la proposición de ley para cambiar su norma estrella sale adelante sin su aval. Con las negociaciones todavía en marcha no se puede descartar ningún escenario, pero si esto ocurriera, si la modificación se materializasen sin el concurso de Podemos, la mayoría de los entrevistados valora que Montero debería dimitir.

Así se manifiesta el 61,8% de los entrevistados, por el 30,1% que apoya que la titular de Igualdad siga en su puesto pase lo que pase. El 8,1 por ciento no se pronuncia. Por partidos políticos, solo en Podemos (54,5%) creen que Montero debe mantenerse en su puesto, mientras que los votantes socialistas en un 54,5% avalarían su salida del Gabinete. Dentro del electorado morado, un 22,7 por ciento también apuesta por su renuncia.

Otro de los problemas que acarrea la ley es que, a pesar de incluir importantes avances para la protección de las mujeres, estos han quedado opacados por la polémica. No en vano, el 60,2% de los entrevistados no considera que la Ley del «solo sí es sí» haya supuesto un beneficio para los derechos de las mujeres. Solo el 30,3% entiende que sí y el 9,5% no quiere o no es capaz de emitir una opinión al respecto. Por edades, hay unanimidad en negar la razón de ser de la norma y por ideología, solo los votantes de Podemos le reconocen la vocación de protección a las mujeres. Incluso entre los votantes socialistas, el 53,5% creen que no ha conseguido su objetivo.

Con el nivel de enrocamiento que existe en el Consejo de Ministros, los socialistas se han lanzado al Congreso de los Diputados a buscar apoyos para sacar adelante la proposición de ley. El viernes, el PSOE pidió tramitarla por la vía de urgencia, lo que confirma que las negociaciones van avanzando en buena dirección. El problema para Sánchez es que, si la norma no cuenta con el aval de los socios de investidura, que optan por adherirse a las tesis inmovilistas de Igualdad, la reforma nacerá sin la legitimidad del bloque progresista.

En este sentido, los socialistas priorizan que la reforma salga adelante y aceptan que el PP les preste sus votos. Una tesis que avala la mayoría de los encuestados, que entiende –en un 63,8% de los casos– que sería positivo que los populares apoyasen los cambios. Solo el 21,2 por ciento apuesta por que no lo hicieran y el 15% no se manifiesta. Por electorados, solo Podemos se opone a esta eventualidad y tanto los votantes del PP (87,2%) como los del PSOE (70,5%) apoyan que Feijóo pacte esta cuestión con Sánchez.