Vox fracasa en su intento de prohibir el velo islámico en los espacios públicos de Baleares

El Parlament ha rechazado, con los votos en contra de la izquierda y la abstención del PP, una iniciativa promovida por Vox para instar al Govern a promover las reformas normativas necesarias para prohibir el uso del velo y cualquier otro tipo de vestimenta islámica en espacios públicos. La proposición no de ley (PNL) defendida por el portavoz adjunto de los de Santiago Abascal, Sergio Rodríguez, ha sido debatida este miércoles en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales de la Cámara autonómica.

Con los votos en contra de MÉS per Mallorca y el PSIB y la abstención del PP han decaído el punto de la iniciativa que buscaba promover la prohibición del velo islámico en edificios públicos, centros educativos y sanitarios, universidades, instalaciones deportivas, dependencias administrativas y otros espacios públicos "tanto abiertos como cerrados". Para justificar esta medida Vox sostiene que este tipo de vestimentas son "contrarias a los derechos fundamentales de las mujeres e incompatibles con nuestra identidad, cultura, usos, modos y costumbres".

El Parlament tampoco ha dado el visto bueno a declarar que el velo y el resto de vestimentas islámicas "constituyen una forma de opresión y sumisión que atenta contra los derechos fundamentales de las mujeres". El voto favorable del PP, no obstante, sí ha permitido instar al Ejecutivo autonómico a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, la integración cultural y el respeto por las tradiciones, la cultura, la idiosincrasia y los valores propios de España y Baleares, "garantizando la adaptación plena de todas las personas a los modos de vida propiamente occidentales".

El PP aprueba el cambio de lugar de la comisaria de la Policía Nacional

Sí que ha salido adelante, solo con la abstención del grupo socialista, la iniciativa defendida por el 'popular' Jordi López relativa al futuro uso del edificio que actualmente alberga la comisaría de la Policía Nacional en Maó. Así, la Cámara autonómica ha instado al Gobierno a iniciar la planificación para darle un nuevo uso a este edificio y redactar un proyecto de rehabilitación para poder destinarlo a una residencia pública para funcionarios desplazados a Menorca, especialmente miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El Parlament también ha dado luz verde a pedir al Ejecutivo central que esta actuación está contemplada y dotada económicamente en los próximos presupuestos generales del Estado. Europa Press