Tres acusaciones del "caso Begoña Gómez" se querellan contra Pedro Sánchez por prevaricación y malversación

La decisión de Pedro Sánchez de querellarse contra el juez Juan Carlos Peinado, que investiga por posible tráfico de influencia y corrupción en los negocios a su esposa, Begoña Gómez, ha provocado una catarata de querellas por prevaricación y malversación por parte de tres de las cinco acusaciones populares personadas en la causa. Vox, Hazte Oír y Iustitia Europa han anunciado la presentación de otras tantas denuncias contra el presidente del Gobierno, a quien censuran que utilice supuestamente la Abogacía del Estado para sus fines particulares.

La formación de Santiago Abascal no solo se querella contra Sánchez, sino también contra el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el abogado general del Estado, David Vilas. Vox reprocha al presidente del Gobierno que siga «prostituyendo las instituciones y usándolas para su interés personal». «Estamos ante un nuevo atropello y un intento de someter a la Justicia», se queja en relación con la querella presentada por la Abogacía del Estado contra el juez Peinado por prevaricación «en defensa de la dignidad da la institución de la Presidencia del Gobierno de España». Una denuncia presentada nada más concluir la comparecencia ante el instructor del jefe del Ejecutivo en el Palacio de la Moncloa.

Otra de las acusaciones populares, Hazte Oír, también se ha querellado contra Sánchez por idéntico motivo, al considerar que ha actuado «sirviéndose de las propias instituciones del Estado» al querellarse contra el juez «que instruye la causa contra su esposa». En la denuncia presentada en el Tribunal Supremo, la acusación popular del «caso Begoña Gómez» asegura que el presidente «ha utilizado los servicios de una institución pública sin ser parte en el procedimiento penal y sin que los intereses de la Presidencia del Gobierno hayan sido afectados, dándose en todo caso afectación a intereses de Pedro Sánchez como ciudadano particular».

El abogado de Hazte Oír, Javier María Pérez-Roldán, insiste en la querella en que Sánchez fue citado como testigo en calidad de esposo de Begoña Gómez, y no como presidente, y denuncia que, pese a que no forma parte del procedimiento, «ha utilizado medios públicos para ejercitar una acción penal que no tiene relación con intereses públicos, sino con fines y caprichos estrictamente particulares».

Para la acusación, este hecho supone un «ataque contra la independencia judicial» pues Sánchez debió presentar la querella «a título particular», y no como presidente, por lo que «ha destinado el patrimonio público y los medios de la Abogacía General del Estado a un fin estrictamente privado».

Por último, Iustitia Europa, otra acusación popular en la causa contra la esposa de Sánchez, denuncia a este por prevaricación y malversación por utilizar «impropiamente» a los Servicios Jurídicos del Estado para presentar una querella que, afirma, solo busca «detener la causa de investigación por la trama de corrupción». La asociación considera que Sánchez «ha optado por utilizar medios públicos» para «urdir una estrategia procesal que proteja a su esposa de la investigación» del juez Peinado. Se trata, dice, de "una querella instrumental que tiene como fin apartar al instructor del procedimiento judicial sin fundamento penal alguno".

"En defensa de la dignidad de la institución"

Hay que recordar que ayer mismo, el presidente del Gobierno movió ficha y, a través de la Abogacía del Estado, presentó una querella por prevaricación contra el magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Primera Instancia número 41 de Madrid, "en defensa de la dignidad de la institución de la Presidencia del Gobierno de España".

Fuentes gubernamentales confirmaron que, pese a que la querella ya estaba preparada con anterioridad, decidieron esperar para presentarla después de la declaración. "A la consumación del acto de la prevaricación", aseguraron, por verse "vulnerado su derecho a declarar por escrito", como así se solicitó, en su condición de jefe del Ejecutivo, y se negó por parte del instructor. "Lo que adquiere relevancia, no se nos llame a engaño, es lo hecho por la investigada en consideración a que su esposo es presidente del Gobierno, esto es, en atención a su cargo".

Uno de los puntos más llamativos de esa querella contra el magistrado es la petición por parte de la Abogacía del Estado para que se tome declaración como testigo al juez Carlos Valle, sustituto de Juan Carlos Peinado y quien rechazó el recurso de la Fiscalía a la petición de que Sánchez declarara por escrito. "Que explique si su contenido lo hace propio o fue expresión del parecer exclusivo del querellado -juez Peinado-, como los términos de la propia providencia sugiere", pide.