Y el punto común del programa está en el folio 22 de un auto del Supremo

Si Junqueras y los ex miembros del Govern salen de prisión sólo podrán hacer campaña sin alusiones a la DUI o volverían a la cárcel por un «retorno a la actuación ilegal».

Volver a la legalidad. Esta es la vía más factible para que Oriol Junqueras y los ex consellers que continúan en prisión puedan abandonar la cárcel y participar en la campaña para el 21-D. Seguir la «vía Forcadell» no supone únicamente acatar la Constitución y renegar de la hoja de ruta soberanista ilegal, sino demostrar que no existe riesgo de reiteración delictiva. Este riesgo se evaluará, según el auto del Supremo sobre Forcadell y los miembros de la Mesa, en virtud del «devenir político más próximo», considerando que se «pudiera propiciar la persistencia en la actuación fuera del marco constitucional». De este modo, el auto que propició la libertad de la ex presidenta del Parlament y que podría hacer lo propio con los ex miembros del Govern es a la vez salvoconducto y billete de vuelta a la cárcel si reinciden en «sobrepasar los límites de la soberanía nacional que la Constitución española recoge». Las páginas 22 y 23 del citado escrito serán, por tanto, los primeros puntos programáticos que compartirían todos los dirigentes soberanistas que, tras pasar por la cárcel, «hayan asumido la intervención derivada de la aplicación del artículo 155 de la Constitución» y hayan «manifestado que, o bien renuncian a la actividad política futura o, los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional». Esta renuncia no solo se circunscribe a la campaña electoral, sino también a la próxima legislatura, lo que cercenaría los planes independentistas.

El juez entiende que las afirmaciones realizadas por todos ellos pueden ser falaces, por lo que, en cualquier caso, se reserva la opción de «modificar las medidas cautelares si se evidenciara un retorno a la actuación ilegal que se investiga», que conllevaría la vuelta a prisión. Esta es la razón por la que Carme Forcadell no acudió ayer a la manifestación en Barcelona en la que se reclamaba la libertad de los presos acusados de rebelión y sedición, entre otros cargos. Según fuentes de su entorno, su ausencia parte de una recomendación de su abogado para evitar incurrir en la citada reiteración delictiva. En esta línea de defensa se encuadraría también la decisión de la ex presidenta del Parlament de no repetir como candidata a las elecciones del 21 de diciembre, por lo que probablemente no formará parte de la lista de ERC, según fuentes republicanas, que le habían reservado el cuarto puesto.

El juez del Supremo Pablo Llarena impuso a Forcadell una fianza de 150.000 euros para que pudiera evitar la cárcel, pese que la Fiscalía había pedido para ella prisión incondicional, después de que la presidenta de la cámara catalana se desmarcara en su declaración como investigada de la vía unilateral hacia la independencia y se comprometiera a mantener su actividad política en el marco constitucional. Una senda que podrían seguir también los ex miembros del Govern del PDeCAT. A esa nueva estrategia parece apuntar el reciente cambio de abogado de los ex consellers Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull y Meritxell Borràs, que optaron por relevar al letrado que defiende en esta causa a Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, y confiar su representación a Jordi Pina (en el caso de Turull y Rull), Cristóbal Martell (Forn) y Xavier Melero (Borrás). Según ha podido saber LA RAZÓN, algunos de ellos ya están valorando la posibilidad de solicitar de forma inminente declarar de nuevo ante la juez Carmen Lamela, tras conocer la decisión del Tribunal Supremo sobre Forcadell y los otros antiguos integrantes de la Mesa del Parlament. En su anterior comparecencia, se acogieron a su derecho a no declarar, sólo respondieron a sus abogados y no a los fiscales ni a Lamela.