... y la Generalitat no cumple el déficit

«No lo haremos. No reduciremos más gasto». Así de contundente se mostró el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, tras anunciar la decisión del Gobierno catalán de plantarse ante el cumplimiento del objetivo de déficit del 0,3 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) fijado para las Comunidades Autónomas en 2016, ya que según Colell «supondría otro recorte de 1.500 millones».

La Generalitat también se quejó de cómo se ha procedido en el reparto de recursos procedentes de la liquidación del 2014, puesto que «no es dinero extra», sino que la mayor parte proviene de la diferencia que el Estado debe devolver a Cataluña por haber «subestimado» los anticipos para ese año.

El conseller criticó, además, el reparto del déficit entre el Estado y las Comunidades Autónomas, que tachó de «absurdo e irreal», y adelantó que votará en contra del 0,3 por ciento para 2016 no tanto por los objetivos simétricos o asimétricos entre autonomías, sino por su distribución entre los diferentes organismos del Estado.

Según reveló, el Ministerio le trasladó ayer que Cataluña recibirá 2.000 millones en concepto de entregas a cuenta y liquidación del ejercicio 2014, pero insistió en que ese montante no es suficiente para cumplir el déficit si se mantiene el actual nivel de gastos.

«No estamos dispuestos a cortar ni un euro de nuestros gastos, estamos en el límite de lo que podemos gastar para atender servicios sociales», advirtió. Y es que desde el año 2011, la Generalitat ha recortado su presupuesto alrededor de un 20 por ciento, que supusieron un tijeretazo en las áreas de Salud, Educación y Servicios Sociales. Si se tiene en cuenta, además, el último año del tripartito del socialista José Montilla, el recorte ha sido de 7.715 en un lustro. Por ello, Mas Collel consideró que «otro recorte de 1.500 millones de euros es inaplicable. «El Gobierno insiste en ponernos un objetivo de déficit que desde el primer día sabe que para el conjunto de las comunidades autónomas no es realizable», denunció en la renunión del Consejo de Política Fiscal.