Yo, Mosso

Sectores del cuerpo relatan su inquietud por la «desinformación» ante el 1-O. A menos de dos meses del referéndum, apenas se han visto con la nueva cúpula política.

La intención del Govern de celebrar el referéndum para el 1 de octubre tiene en jaque a los Mossos d’Esquadra, el cuerpo policial de Cataluña. Existe cierto malestar e inquietud dentro de la institución, así como incertidumbre sobre el papel que deberán desempeñar en la jornada. De momento, no tienen órdenes oficiales.

Los últimos movimientos en la cúpula, con el relevo en la Conselleria de Interior de Joaquim Forn por Jordi Jané y en la dirección de los Mossos d’Esquadra con Albert Batlle por Pere Soler, se han observado con preocupación. Algunas fuentes consultadas por este diario argumentan que el propósito político que han impulsado estos cambios genera desasosiego, mayormente porque se sienten «desinformados», aunque otras ciñen esta sensación a «la angustia que genera siempre los cambios en la dirección de cualquier organización». En todo caso, estas inquietudes tienen también su razón de ser en la falta de trato que ha habido tanto con Forn como con Soler hasta ahora.

El primero no se ha reunido todavía con los agentes, y el segundo, que ha demostrado ampliamente su fervor independentista con descalificaciones hacia los españoles en las redes sociales, ahora está de vacaciones y sólo ha atendido en una ocasión a los representantes y sindicatos de la Policía catalana. Fue el 27 de julio, en el encuentro mensual que celebran los Mossos d’Esquadra con la dirección general, pero Soler sólo intervino dos minutos, sin admitir preguntas, y lo hizo únicamente para abordar el 1-O. Toda una declaración de intenciones. Según han explicado algunos asistentes a este diario, avanzó que «hará caso al ordenamiento jurídico», sin especificar cuál pero se da por hecho que será el nuevo catalán con la Ley del referéndum, que prevé el establecimiento de un «régimen jurídico excepcional» con prevalecimiento «jerárquico sobre todas las normas que puedan entrar en conflicto» y «amparo» a todas aquellas «autoridades y personas físicas o jurídicas» que intervengan.

También adelantó que será la cúpula, formada por él, Forn y el mayor de la Policía catalana, Josep Lluís Trapero (nombrado recientemente por Puigdemont) quien asuma todas las responsabilidades y responda ante los tribunales. En este caso, conviene precisar que es un cuerpo jerarquizado, y por tanto, los que asumen las consecuencias por actuaciones ilegales son los directores. Es decir, en el hipotético escenario de que algún tribunal se decidiera a enviar una interlocutoria para retirar las urnas, ésta sólo podría dirigirse a la cúpula, y ellos son los que tomarían la decisión de acatarla o ignorarla. En este sentido, la única manera de involucrar a los agentes en las responsabilidades sería emitir «órdenes individualizadas», pero fuentes consultadas por este diario descartan por completo este extremo por la propia naturaleza jerárquica de la institución y porque «nunca ha ocurrido».

Asimismo, ahí no termina todo, ya que la Ley 10/1994 de la Policía de la Generalitat da margen para que los policías puedan no acatar los mandatos de los jefes. En este sentido, el artículo 11.C señala que «deben atenerse a los principios de jerarquía y de subordinación», pero «en ningún caso la obediencia debida no puede amparar órdenes que comporten la ejecución de actos que constituyen manifiestamente delito que sean contrarios a la Constitución o a las leyes». Por tanto, todos aquellos agentes que decidan desobedecer las instrucciones de la dirección y prefieran asumir la orden de los tribunales, lo podrían hacer al abrigo de este resquicio jurídico.

En caso de que se diese así, esta opción cuenta con adeptos. Por ejemplo, el portavoz del Sindicato de los Mossos d’Esquadra (SME), Toni Castejón, se mostró predispuesto, tal y como señaló a LA RAZÓN: «Lo que diga el juez va a misa». Pese a ello, Castejón afirmó que todavía están a la espera de que lleguen las órdenes. Otros restan posibilidades a esta idea, como el portavoz de Unió Sindical de la Policia Autonómica de Cataluña (Uspac), Josep Miquel Milagros, que no ve probable que haya compañeros que adopten esta actitud. «Nosotros no nos posicionamos políticamente, haremos lo que hacemos los 365 días del año, que es velar por la seguridad ciudadana», aseguró. Y algunos, como el portavoz de la Federación de Profesionales de la Seguridad Pública (Fepol), Valentí Anadón, se limitan a esperar a que la cúpula policial se pronuncie sobre qué hará en caso de que llegue una «orden judicial», aunque también recordó que nunca les han obligado a cumplir «órdenes manifiestamente ilegales». «Estamos en un compás de espera, a ver cómo se desarrollan los acontecimientos», explicó Anadón a este diario, que se mostró prudente a la hora de aventurar escenarios.

Por otro lado, Milagros admitió haber recibido numerosas inquietudes por parte de algunos agentes, aunque estableció una clara relación entre las posturas políticas de éstos y su grado de nerviosismo. Así, afirmó que todas las consultas que ha tenido que atender provienen de policías alineados con las tesis antiindependentistas. «No me ha llamado ningún separatista», relató el portavoz de Uspac.

Finalmente, Anadón quiso poner voz al malestar que ha generado el proceso independentista en el seno de los Mossos d’Esquadra. En este sentido, el portavoz de Fepol consideró que se ha hecho una instrumentalización política del cuerpo en el conflicto entre Generalitat y Estado, una idea que siempre ha querido proyectar el cuerpo a lo largo de estos cinco años, y ahora con mayor énfasis, ya que se acerca el desenlace final del choque entre administraciones. «No permitiremos ser utilizados por nadie. No somos el ejército de nadie», aseveró Anadón a este diario.