La Fiscalía Provincial ha solicitado una condena de cinco años de prisión para el propietario de una explotación porcina en Extremadura, acusado de someter a dos trabajadores migrantes a condiciones laborales que rozan la esclavitud moderna. El caso, que será juzgado el próximo 25 de septiembre, ha generado una profunda preocupación por las prácticas laborales en el sector agrícola español.

Según el escrito de acusación, el ganadero contrató verbalmente a dos ciudadanos marroquíes indocumentados, aprovechando su situación de vulnerabilidad. Les prometió un salario mensual de 700 euros y alojamiento gratuito. Sin embargo, la realidad fue radicalmente distinta: los trabajadores recibieron apenas 250 y 150 euros respectivamente, carecieron de contrato, afiliación a la Seguridad Social y fueron obligados a vivir en un contenedor sin ventanas, electricidad ni calefacción.

Durante su jornada laboral, que se extendía sin descanso los siete días de la semana, se encargaban de alimentar y limpiar a cerca de 1.000 cerdos, recogiendo excrementos manualmente y sin ningún tipo de equipo de protección. La Fiscalía destaca que el acusado no realizó evaluación de riesgos ni proporcionó medidas de seguridad, exponiendo a los trabajadores a zoonosis y lesiones físicas. Uno de ellos sufrió quemaduras y heridas tras ser golpeado por una barra de hierro.

El Ministerio imputa al ganadero dos delitos contra los derechos de los trabajadores: uno por imponer condiciones laborales ilegales (con una petición de tres años y tres meses de prisión) y otro por vulnerar la normativa de seguridad y salud laboral (21 meses adicionales). También solicita una multa de 5.400 euros, la inhabilitación para gestionar explotaciones ganaderas durante 21 meses y una indemnización para el trabajador lesionado.