Galicia exige la retirada del reglamento de la nueva PAC por el recorte de fondos para el sector agrario

La Xunta de Galicia se sumó ayer a la petición de distintas comunidades autónomas para retirar la propuesta de reglamento de la nueva Política Agraria Común (PAC) formulada por la Comisión Europea.

Así lo defendió en Madrid la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, tras participar en la reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola y Pesquera para Asuntos Comunitarios, presidida por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

La representante autonómica recordó que tanto el Gobierno gallego como el propio sector agrario manifestaron su rechazo a la propuesta desde el primer momento, al entender que esta PAC supone un recorte de fondos para Galicia y plantea una nueva arquitectura financiera basada en un fondo único para todos los Estados miembros.

Según denunció, este sistema no garantiza la protección de todas las medidas que actualmente conforman la política agraria europea.

Críticas al modelo propuesto

Gómez advirtió que la iniciativa de Bruselas implica el desmantelamiento del modelo actual, articulado en torno a dos pilares y dos fondos diferenciados, que garantizan por un lado la renta de los agricultores y, por otro, el desarrollo del medio rural. En su opinión, la reforma convierte a la PAC “en un programa” y no en una verdadera política común: “no será política, porque cada país decidirá cómo aplicarla; no será agraria, porque competirá con otras políticas en la financiación; ni será común, porque incrementará las diferencias territoriales”.

Asimismo, la conselleira instó al ministro Planas a defender en Bruselas una modificación de la propuesta dentro de las negociaciones del Marco Financiero Plurianual 2028-2032.

Impacto económico para Galicia

La Xunta estima que el planteamiento europeo supondría un recorte de hasta un 20% de los fondos de la PAC, lo que, unido al aumento en los porcentajes de cofinanciación, tendría para Galicia un impacto negativo del 25% respecto a la situación actual. En términos absolutos, se traduciría en una pérdida cercana a los 80 millones de euros anuales.

Gómez alertó de los riesgos que conllevaría para el sector mayor, como una mayor incertidumbre jurídica, posibles incrementos en los costes de producción y venta, y, en consecuencia, una subida del precio de los alimentos que repercutiría directamente en los consumidores.