Santiago gravará con hasta un 150% más de IBI a las viviendas vacías

El pleno del Ayuntamiento de Santiago aprobó este jueves una modificación de las ordenanzas fiscales que permitirá aplicar un recargo de entre el 50% y el 150% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a aquellas viviendas que permanezcan vacías durante más de dos años y cuyos propietarios acumulen al menos cuatro inmuebles.

La medida, respaldada por los grupos del gobierno local (BNG y Compostela Aberta), el PSOE y las ediles no adscritas, pretende movilizar parte del parque residencial inactivo de la ciudad para aliviar la presión sobre el mercado del alquiler.

El concejal de Hacienda, César Vila, defendió en el debate que “no se trata de una subida, sino de un recargo destinado a incentivar el alquiler”, recordando que la vivienda es uno de los “principales problemas de la ciudadanía en Santiago”.

La propuesta se enmarca en un expediente más amplio que unifica criterios de recaudación y afecta también a otros tributos municipales como el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

Apoyos del PSOE y ediles no adscritos

Mercedes Rosón, en representación de las ediles no adscritas, mostró su respaldo, aunque advirtió que los efectos de la medida serán “limitados” y “no inmediatos”, ya que solo afectará a una parte de las más de 6.000 viviendas desocupadas que hay en Compostela y exigirá la elaboración de un censo de inmuebles vacíos.

Desde el PSOE, Marta Abal subrayó que su grupo apoya la iniciativa “ante la evidente tensión del mercado de alquiler”, pero lamentó la “falta de diagnóstico” previo. “Es imprescindible un estudio riguroso para acotar bien la realidad y orientar claramente la medida”, indicó, advirtiendo de que sin esa base podría ser “matar moscas a cañonazos”.

Rechazo del PP

Los once concejales del PP votaron en contra. Su portavoz, Borja Verea, coincidió en la necesidad de intervenir para facilitar el acceso a la vivienda, pero rechazó que la vía elegida sea “subir impuestos” y “castigar a los ciudadanos”.

A su juicio, la alternativa pasa por “incentivar, promocionar y bonificar”, con propuestas como bajar impuestos a quienes destinen sus viviendas al alquiler a precios asequibles, ofrecer subvenciones para rehabilitación, agilizar licencias urbanísticas o garantizar mayor seguridad a los propietarios.

Verea se preguntó además “para qué quiere el gobierno local recaudar más si ni siquiera es capaz de gastar los fondos de los que dispone”.

Bonificaciones a la vivienda protegida

La ordenanza aprobada incluye también nuevas bonificaciones para las viviendas de protección pública. El IBI de estas viviendas tendrá una reducción del 50% durante los tres primeros años, y del 35% o 45% durante la década siguiente, con el objetivo de favorecer a quienes accedan a este tipo de inmuebles.