Vuelta al cole con casco en Vigo para denunciar problemas de "insalubridad"

El curso escolar arrancaba ayer en Galicia para cerca de 308.000 alumnos y para miles de familias que, en mayor y menor, estaban deseando esa vuelta a las aulas. Un retorno que, como todos los años, presenta siempre algún tipo de polémica, como la que acaba de surgir en Vigo.

En la ciudad olívica un grupo de alumnos del CEIP Altamar han acudido este jueves con casco en protesta por la situación en la que se encuentra el centro educativo, denunciando "carencias" que hacen del colegio un "lugar insalubre".

La iniciativa ha arrojado una estampa curiosa: la de decenas de niños accediendo al centro escolar con cascos amarillos sobre la cabeza. Una forma visual y muy expresiva de visibilizar las condiciones en las que afirman encontrarse, con "ratas, cucarachas, humedades y falta de mantenimiento".

Al menos eso afirman desde la asociación de madres y padres cuya presidenta Rebeca Díez lamenta que tanto los progenitores como como profesores y alumnos lleven un año protestando al Ayuntamiento y a la Xunta para que arreglen el centro sin obtener una solución.

Más allá de la tradicional batalla política de competencias, Díez lo tiene claro: es responsabilidad de ambas administraciones porque "hay problemas estructurales (Xunta) y también hay falta de mantenimiento (gobierno local)".

"Todo ha empeorado. Tenemos humedades, infección de cucarachas, ratones, rampas de acceso al colegio inutilizadas, escaleras oxidadas, desprendimiento en las fachadas, incluso el techo de dirección está a punto de caer por la humedad", señala.

Asimismo, la presidenta del ANPA afea al Ayuntamiento que en este curso el colegio se ha quedado sin conserje, después de la jubilación de la persona que hasta ahora ocupaba el cargo. "Es la directora quien abre el colegio y lo cierra, abre las ventanas de todas las aulas. Además, el resto de profesores hacen labores que debería hacer el conserje. Y eso es responsabilidad del Ayuntamiento", añade.

En este marco, Díez lamenta que las administraciones se dediquen a echarse la culpa unas a otras sin aportar soluciones a un problema que afecta a cerca de 200 niños de entre 3 y 12 años de edad.