La Xunta colaborará con la Fegamp para impulsar un protocolo de protección a las trabajadoras del Servicio de Ayuda en el Hogar

La Xunta de Galicia colaborará con la Federación Gallega de Municipios y Provincias (FEGAMP) en la elaboración de un protocolo de protección para el personal del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF).

La iniciativa, impulsada por la FEGAMP, busca establecer criterios comunes de actuación ante situaciones que puedan surgir en el ejercicio de esta actividad esencial para miles de personas dependientes en Galicia.

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, trasladó este compromiso en una entrevista concedida a la Radio Galega, donde reafirmó el respaldo de la Xunta a esta propuesta y subrayó la importancia de proporcionar herramientasa los ayuntamientos, responsables de la prestación del servicio.

Según datos del ejecutivo autonómico, en Galicia, más de 24.000 personas en situación de dependencia reciben atención diaria en sus domicilios a través del SAF.

El anuncio llega tras el caso ocurrido en O Porriño, donde una trabajadora del SAF fue presuntamente asesinada a manos del marido de una usuaria a la que atendía. Fabiola García reiteró la "más firme condena" de la Xunta ante lo sucedido y animó a las trabajadoras del SAF a denunciar cualquier tipo de acoso, ya sea ante los servicios municipales o ante las fuerzas de seguridad.

Asimismo, recordó que el Gobierno gallego mantiene contacto permanente con el Concello do Porriño para asegurar la correcta atención a la persona dependiente implicada, que ya está siendo cuidada en un centro residencial.

En relación con la mejora del sistema de atención a la dependencia, la conselleira destacó el Plan de Choque puesto en marcha en enero, que está permitiendo agilizar los trámites administrativos.

Además, reclamó nuevamente al Gobierno central que cumpla con su parte en la financiación de la Ley de Dependencia. Según indicó, la Administración del Estado sigue sin asumir el 50% del coste que le corresponde, lo que ha generado una deuda con Galicia que supera los 2.500 millones de euros.