Daniel Sancho, condenado por lesiones, reaparece en bermudas y descalzo por videoconferencia desde la cárcel

En bermudas, descalzo, con el pelo muy corto y moreno, sereno y correcto. Así ha comparecido por videoconferencia Daniel Sancho, desde una cárcel de Tailandia, en el juicio por lesiones celebrado en el Juzgado de lo Penal número 16 de Madrid en el que ha alcanzado un acuerdo con las acusaciones por el que ha sido condenado por un delito de lesiones a tres meses multa, en total 450 euros, y a una indemnización de 2.100 euros, que ya ha abonado, al joven al que dio un puñetazo en noviembre de 2019 tras saltarse la cola de taxis.

Sancho -en prisión desde agosto del pasado año por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta- presentaba un buen aspecto físico (acude regularmente al gimnasio en el centro penitenciario) vestía una camiseta blanca y un jersey marrón claro. Se ha mostrado en todo caso muy correcto y se ha limitado primero a levantar el dedo pulgar para acreditar que la señal se recibía correctamente (en noviembre hubo que suspender el juicio por fallos técnicos) y, después, a dar su consentimiento al acuerdo cerrado por su defensa con la Fiscalía y la acusación particular que representa a la víctima.

Tras asentir a preguntas de la magistrada, que le ha preguntado si había escuchado los hechos que se le imputan -"sí, estoy conforme"- la vista apenas se ha prolongado durante cinco minutos. Muy tranquilo, ha escuchado cómo se ha tenido en cuenta "que ha realizado un esfuerzo" para indemnizar a la víctima y el retraso en juzgar los hechos, por lo que se le han aplicado las atenuantes de reparación del daño y de dilaciones indebidas (la causa ha estado paralizada más de un año, desde que se admitieron las pruebas en febrero de 2022 hasta que se señaló la fecha del juicio, luego aplazado). "¿Lo ha entendido?", le ha preguntado la magistrada Nuria Alcalde antes de dictar sentencia de conformidad. "Perfectamente", ha contestado Sancho.

Durante su comparecencia telemática, Daniel Sancho se ha encontrado sentado en todo momento en una sala de la prisión tailandesa, junto a una mesa de reuniones alargada y con una llamativa bandera roja a sus espaldas, la del departamento de correccionales de Tailandia. Ocasionalmente, se apercibía el ir y venir de algún funcionario por la puerta de la estancia.

Evitar un "problema de índole internacional"

Por expreso deseo de las autoridades tailandesas, que amenazaron incluso con un conflicto diplomático -según fuentes jurídicas- si se difundían imágenes de los funcionarios de la prisión de Koh Samui desde la que ha comparecido, los periodistas presentes han tenido que apagar los móviles durante la sesión para impedir que se grabaran las imágenes. De hecho, los medios de comunicación no han podido seguir el juicio desde la sala de vistas, sino en el salón de actos de los Juzgados de lo Penal, frente a una gran pantalla donde se han emitido las imágenes desde la cárcel tailandesa.

Dado "el interés mediático suscitado", la magistrada había dado órdenes de que se adoptasen "las medidas de seguridad necesarias" para permitir solo el paso de funcionarios "al pasillo que da acceso a la sala de vistas", dejando claro que las autoridades tailandesas "no dan su consentimiento a que su imagen sea reproducida opr medios audiovisuales". De ahí que se instara al servicio de seguridad de los juzgados a adoptar las medidas pertinentes, "incluso si es preciso la retirada de teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo de grabación" para evitar que "puedan tomarse imágenes o grabaciones no autorizadas que pudieran generar un problema de índole internacional".

El juicio, previsto para el pasado noviembre, se suspendió después de que la Fiscalía de Tailandia trasladase a los juzgados de Madrid que en la fecha prevista para la celebración de la vista oral no era posible que declarase de forma telemática. En esta ocasión, según confirman fuentes jurídicas, esos impedimentos habían desaparecido y 24 horas antes del juicio se llevaron a cabo tres pruebas para garantizar que la conexión con Tailandia mediante videoconferencia no registraba incidencias técnicas.

Un puñetazo "con ánimo de herir"

La Fiscalía solicitaba para Daniel Sancho una pena de un año de prisión, así como al pago de 2.100 euros por las lesiones causadas a la víctima y las secuelas provocadas por la agresión.

Según el relato de hechos recogido en la sentencia y aceptado por Daniel Sancho, sobre las 04:00 de la madrugada del 9 de noviembre de 2019 se encontraba en las proximidades de la calle José Abascal de Madrid, "cuando en un momento determinado procedió a introducirse" en un taxi "sin respetar la cola que se había formado para utilizar el servicio público, momento en que fue recriminado por J. C.". En ese momento, "con ánimo de herir", Sancho "procedió a darle un puñetazo en la cabeza ocasionándole lesiones que tardaron en curar doce días sin estar ninguno de ellos incapacitado para el desempeño de sus ocupaciones habituales", aunque la víctima recibió cinco puntos de sutura, quedándole como secuela "un perjuicio estético" debido a la rotura de un diente. De hecho, el representante del Ministerio Público reclama que pague el tratamiento odontológico necesario "para reponer los dientes" dañados.

La defensa de Sancho llegó a plantear al juzgado que, puesto que su cliente se encuentra en prisión en Tailandia, se realizasen los trámites para solicitar su extradición a España, a lo que se opuso la Fiscalía.

Dado que fue en noviembre de 2021 cuando el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid dictó auto de apertura de juicio oral y que la causa llevaba paralizada desde el 2 de febrero de 2022, la Fiscalía asumía que Sancho se beneficiaría, como así ha sucedido, de la atenuante de dilaciones indebidas, por lo que, en caso de ser condenado a prisión esa pena podía sustituirse por una multa. Y más teniendo en cuenta que Sancho ha estado siempre a disposición de las autoridades judiciales españolas cuando se le ha requerido en relación a este procedimiento.