Cayetano Martínez de Irujo planta batalla para defender su finca cordobesa

Cayetano Martínez de Irujo, duque de Arjona, camina estos días a medio camino entre la indignación y la incredulidad. El hijo de la duquesa de Alba planta batalla ante lo que considera una injusticia: la posible expropiación forzosa de 90 hectáreas de El Hierro, la finca cordobesa de su propiedad, situada en la población de Bujalance. Cayetano y el resto de los vecinos, dueños de las fincas de regadío de la zona, han hecho causa común denunciando lo que consideran un atropello. La clave está en el artículo 54 de la Ley del Sector Eléctrico (LSE), del ministerio de Transición Ecológica que declara de utilidad pública el establecimiento de instalaciones de generación y distribución de energía eléctrica, permitiendo para ello la expropiación de la propiedad privada.

Al parecer, un constructor cordobés vio en la ley una oportunidad de negocio y solicitó en base a esa supuesta «utilidad pública», la expropiación de varias fincas de regadío en la comarca de Bujalance y en la pequeña aldea cordobesa de Morente, para la llevar a cabo la instalación de una macro planta fotovoltaica. La primera fase para aprobar el proyecto, publicada en el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía), pasó desapercibida para los afectados, entre ellos Cayetano Martínez de Irujo, que no formularon alegaciones. Tras ser informados del inicio de la segunda fase y la posibilidad real de expropiación de sus tierras los 70 vecinos de Morente afectados, incluido el duque de Arjona, han pasado a la acción para evitar que su finca quede en manos de los que consideran unos «usurpadores oportunistas». Puestos en contacto con Cayetano Martínez de Irujo, el duque solo espera que la situación se reconduzca, al tiempo que asegura estar dispuesto a llegar hasta el final. «Nos enteramos porque recibimos un burofax, avisándonos de que entrábamos en la segunda fase de declaración de bien de interés de público y la expropiación como consecuencia». La situación es tan dantesca que, según el duque, «de seguir adelante se daría un caso absolutamente insólito en el que un particular expropiaría a otro un terreno de primera necesidad para lucrarse. Es de locos».

Conquistar el sol español

Es una situación que se repite en los últimos tiempos. Multinacionales y fondos buitres nacionales y extranjeros se han lanzado a la «conquista del sol español» aprovechando para hacer negocio con la implantación de macro instalaciones fotovoltaicas a lo largo todo el país. Tanto es así que en España ya se localizan cuatro de los cinco parques solares más grandes de toda Europa. La creciente volatilidad del mercado energético y una ley con vacíos legales, hacen de la energía solar un mercado propicio para los oportunistas, algo que afecta directamente al mundo agrario, que ve como sus tierras sirven de localización para este tipo de instalaciones. Según el conde de Salvatierra, no tiene sentido que, pudiendo instalarse estas renovables «en tierras de secano que dependen de subvenciones de la PAC (Política Agraria Común), la administración acceda a la expropiación de tierras de regadío de primera calidad, en contra de la voluntad de sus propietarios».

El oscurantismo con que se ha llevado a cabo todo el procedimiento también tiene que ver con las quejas de los propietarios. «No tiene sentido que pueda tramitarse un proyecto energético sobre una finca ajena sin que se comunique al propietario. Es como si expropian el Palacio de Liria para poner un supermercado», concluye Martínez de Irujo, que sergura que irá «a la cárcel si es preciso»

En los últimos tiempos, la presión mediática y las conversaciones de los propietarios con la Junta han abierto una vía para solucionar el conflicto. De hecho, la propia Junta tumbó hace unos días una iniciativa para montar otra macro planta en Montoro, en la que la empresa promotora había obviado en el informe ambiental que iba a instalarse en una zona habitada por linces ibéricos y águilas imperiales. Un argumento que tratan de utilizar también los afectados de Morente, que aseguran que la empresa privada que elaboró el informe de impacto medioambiental no ha tenido en cuenta que en la zona anidan especies protegidas como águilas y avutardas. Cayetano Martínez de Irujo y sus convecinos aguardan esperanzados que la administración atienda sus alegaciones y rechace el proyecto.