La jueza contra mafias holandesas, con el caso Bárbara Rey

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella, Beatriz Fernández Gómez-Escolar, ha admitido a trámite una demanda presentada por Bárbara Rey contra su hijo, Ángel Cristo Jr., por un delito contra el derecho al honor, después de que, según ha considerado la artista, «lleve meses acusándola de ciertas vivencias cuando era pequeño y de haber chantajeado a la Casa Real». La vedette ha acusado también a su hijo en el escrito judicial, que consta de casi doscientos folios, de injurias y calumnias, intromisión en la intimidad, faltar al honor y revelación de secretos, y de «robo de documentos, diapositivas y carretes». Al parecer, las imágenes que dañarían su honor fueron sustraídas, según han testificado tanto Bárbara como su hija Sofía en televisión, de la casa familiar, cuando la vedette se mudó a Marbella.

La magistrada del juzgado que ha admitido a trámite la demanda se ha enfrentado a casos muy mediáticos como el de Karim Bouyakhrichan, presunto cabecilla de la «Mocro Mafia» holandesa, que se fugó ante la vista de las autoridades españolas aprovechando el momento en que se dirimía el caso en la Audiencia Provincial de Málaga y en el juzgado número 4 de Marbella. Ahora este juzgado ha admitido esta denuncia de la actriz, que decidió cursarla en la ciudad costasoleña, donde vive.

Fue el pasado mes cuando la revista neerlandesa «Privé» publicó unas fotografías privadas del Rey Juan Carlos con la actriz Bárbara Rey, filtradas por el hijo de esta, Ángel Cristo Jr. El mismo aseguró en una entrevista que fue él quien tomó las instantáneas en secreto cuando tenía 13 años, en 1994, a petición de su madre. Las fotografías muestran al Rey y a Bárbara Rey en una terraza, mientras intercambian besos y abrazos. Según explicaba «Privé», el hijo de la actriz «muestra cómo su madre usó la relación con el monarca para estabilizar su situación financiera» y «utilizó fotos comprometedoras para obtener ayuda económica».

Por otro lado, Bárbara a su vez también ha sido denunciada en los juzgados de Madrid por Manos Limpias por un presunto delito de revelación de secretos, tras publicarse en diferentes medios unos audios de supuestas conversaciones entre el entonces Jefe del Estado y la artista.