La exempleada de hogar que podría retirar la toga a Victoria Rosell

La historia de Simona Chambi podría ser un guion de telenovela con acento boliviano de criadas y señoras. A la antigua usanza y de esas que se alargan en el tiempo. Esta mujer, de 54 años y natural de Sucre (Bolivia), llegó a España hace 18 años sin más propósito que ofrecer un futuro para sus tres hijos. Al cabo de un tiempo, en 2015, recaló en casa de Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, y su marido, el periodista Carlos Sosa. Un chalet en Las Palmas de Gran Canarias en el que sirvió como empleada del hogar hasta 2020, momento en el que fue despedida.

Esta tierra, con fama de conciliadora y hospitalaria, se convirtió entonces en escenario de un tortuoso e incomprensible proceso judicial que ha dejado a Chambi con apenas un hilito de voz, sin trabajo y dolor de cabeza crónico. Mientras los tribunales van sacando la verdad, es interesante conocer ese lado humano y femenino que, a todas luces, parece haber ignorado alguien que se define adalid del feminismo. LA RAZÓN ha contactado con su entorno y, a pesar de la desconfianza que les produce hablar de ello, confiesan que, después de casi tres años, a Chambi le cuesta conciliar el sueño, que vive nerviosa, que tiembla cada vez que suena el timbre, que no entiende a qué viene tanta opresión por reclamar una compensación justa a su despido.

La parte legal nos la resume su abogado, Federico Vicente Marín, un expolicía nacido en Valencia que no dudó en asistirla jurídicamente desde su inicio. «Todo empezó por el enojo de Rosell cuando su exempleada rechazó los 800 euros que le ofreció como indemnización». Chambi reclamó 11.797 euros que finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Canarias desestimó. En lugar pasar página, en julio de 2020 Rosell denunció a su exempleada ante la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional por delitos de extorsión, amenazas, coacciones y estafa procesal. «Cuando vio a la policía, Chambi quedó aterrorizada. De origen muy humilde y sin más estudios que una educación muy básica en su ciudad natal, no entendió nada. Nunca había escuchado la palabra extorsión y cuando supo su significado se le pusieron los pelos de punta», cuenta el abogado.

El 29 de septiembre de 2022, la Audiencia Provincial de Las Palmas archivó definitivamente la denuncia que interpuso Rosell contra su exempleada doméstica. Los tres magistrados -José Luis Goizueta Adame, María Pilar Verástegui Hernández y Mónica Herreras Rodríguez- validaron la decisión del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas que previamente había acordado el mismo sobreseimiento libre. Ninguno vio ni siquiera indicios de lo denunciado y todos los delitos fueron desestimados. Es decir, Chambi no extorsionó a Rosell. Tampoco la amenazó, ni la coaccionó, ni la estafó.

La querella criminal

Después de que se archivase la denuncia, Chambi contraatacó con una querella criminal por un supuesto delito de denuncia falsa y otro de simulación de delito, que ha sido admitida a trámite. Un auto del 18 de enero de 2023 reconoce que los hechos por los que la exempleada interpuso la querella «presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito». Las acusaciones han dejado en ella una marca difícil de borrar, según confirma su abogado: «Al tratarse de una persona con poder, el revuelo llegó a Bolivia y su madre enfermó. La familia está viviendo un infierno. También a nivel laboral, le afecta gravemente. Antes de acudir a una entrevista de trabajo, ya le han cerrado la puerta. A pesar de su inocencia, acaba pesando la duda». Sobrevive gracias a la ayuda familiar. Uno de sus hijos trabaja como albañil y otra, como dependienta. Mantiene, además, su empleo como cuidadora de una pareja de ancianos los fines de semana por el que cobra 400 euros. Hasta su exmarido, que vive en Salamanca, le ha brindado apoyo.

Esta misma semana, la exempleada deberá ratificar la querella y Rosell será interrogada. El delito de denuncia falsa podría ser sancionado con una pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses. El de simulación de delito podría ser castigado con multa de seis a doce meses. Chambi reclama una fianza de 60.000 euros. «Todo ello podría ser motivo de retirada de la toga”, sentencia el abogado.

La boliviana ha optado por el silencio. «Sus valores católicos le dan una gran fortaleza», destaca el letrado.