«Caso Deluxe»: la vigilancia policial al «topo» de 'Sálvame' que subleva a los imputados

La investigación de la «operación Deluxe» –las recurrentes filtraciones a periodistas de Sálvame de datos reservados de famosos por parte de un agente– ha puesto en pie de guerra a varios imputados, que se han quejado al instructor de que durante seis meses, entre abril y octubre de 2018 (mientras se prolongaron las intervenciones telefónicas), la actividad del policía que revelaba esas informaciones reservadas (generalmente denuncias contra personajes célebres de la prensa del corazón o sus exparejas), Ángel Fernández Hita, estuviese «exhaustivamente controlada» por la Policía, con autorización judicial, permitiendo así que los supuestos delitos siguiesen cometiéndose.

«Si efectivamente se hubiera causado un perjuicio» a terceras personas –argumenta la defensa de ocho periodistas de Sálvame imputados en un escrito incorporado al sumario, al que ha tenido acceso LA RAZÓN– «resultaría absolutamente inexplicable, por no decir escandaloso, que se hubiera permitido» al policía investigado disponer, durante todos esos meses, «de las claves de las bases de datos de uso policial para que tuviera libre acceso a las mismas».

En ese escrito –en el que pide el archivo para sus defendidos–, el abogado insiste en que la finalidad de los periodistas era siempre «de carácter informativo» y que las informaciones difundidas «no se han cuestionado» ni «se ha causado perjuicio a los afectados» por el acceso a esos datos.

Para la representación letrada de estos imputados resulta «pintoresco» y causa «perplejidad» que se les citara a declarar como investigados «por unos hechos que en el fondo han sido consentidos y tolerados» por la Policía, la Fiscalía y el juez instructor, que han «monitorizado» toda la investigación. Y aunque niega la existencia de cualquier actuación delictiva, afirma que si la hay, «habría sido tolerada por los propios responsables de la investigación», quienes pudiendo neutralizarla, «nada habrían hecho, permitiendo su consumación».

En abril de 2018, recuerda, un informe policial ya apuntaba indicios del «uso incorrecto» de las bases de datos policiales por parte de un agente, por lo que de abril a octubre de ese año (vigentes las intervenciones telefónicas), los responsables de la instrucción se mantuvieron «impasibles» mientras Fernández Hita «accedía a los expedientes policiales» de personas «a las que luego se les ha otorgado el carácter de perjudicados» precisamente por estos hechos.

Ese informe de la Policía embrión de la instrucción judicial, de 9 de abril de 2018, ya determinó que el agente investigado hacía un «uso reiterado» de bases de datos policiales como Sidenpol (denuncias), Argos (señalamientos y detenciones) y Objetos (vehículos), con «consultas casi semanales». De hecho, los agentes detallaban hasta 50 consultas de personajes públicos entre el 4 de enero de 2017 y el 20 de marzo de 2018. Y no se trataba solo de indagaciones sobre personajes de la prensa del corazón, sino también relativas a asuntos de actualidad judicial y vinculadas con la Casa Real.

La Policía advirtió entonces de que Fernández Hita estaba facilitando «de forma continua información reservada de carácter personal que afecta a la intimidad de las personas» incluida en las bases de datos policiales de acceso restringido. Ya entonces se apuntaba no solo a la posible comisión de un delito de revelación de secretos, sino a un posible cohecho por el supuesto pago de «recompensas económicas», unos indicios de contraprestaciones que, sin embargo, no han aflorado durante la investigación, apuntan fuentes jurídicas.

Pero, ¿qué ocurrió entre abril y octubre de 2018 cuando el control policial y judicial de la actividad de Fernández Hita fue más intenso? Según consta en un informe de Asuntos Internos de la Policía incorporado al sumario del «caso Deluxe» –en el que también están imputados los productores de Sálvame–, el agente realizó en ese periodo varias consultas vinculadas a personajes públicos, como las efectuadas el 25 de mayo respecto a la entonces pareja del Maestro Joao, exconcursante de Supervivientes, o la que realizó el 18 de junio sobre la detención de la expareja del cómico Ángel Garó. Unos días después, el 26 de junio, el agente indagó sobre varias denuncias contra el propio Maestro Joao.

Más tarde, entre el 10 y el 14 de agosto accede a seis atestados policiales en los que se vio involucrado Omar Montes. A la Policía le llama la atención que en el programa Sálvame de ese último día el colaborador Gustavo González –también imputado y a quien se señala como el principal contacto con Fernández Hita– tiene entre las manos «un atestado policial», unos folios que «posiblemente le ha hecho entrega el policía horas antes».

Ya en septiembre, los investigadores constatan cómo el agente hizo una comprobación sobre una matrícula de un vehículo de la expareja de María Lapiedra y, también, sobre la detención del exmarido de la actriz de cine para adultos.

Para la defensa de los ocho periodistas de Sálvame imputados, la única razón por la que los responsables de la investigación permitieron que el agente continuara con su actividad, mientras estaba permanentemente controlado, es que consideraban que «no perjudicaba los derechos de terceros», porque de lo contrario «hubiera sido bien sencillo impedir esos accesos se reputaban delictivos» y restringir su acceso a los registros policiales. En lugar, dice, de «adoptar una actitud meramente contemplativa y permitir de ese modo que se cometieran o se continuaran cometiendo unos presuntos delitos». Porque si se hubiera tenido la convicción de que esas conductas eran delictiva, concluye, esa permisividad resultaría «verdaderamente inexplicable».