La estrategia de Moncloa frente a las protestas: cumplir la ley sin excesos

MADRID-Tanta importancia da el Gobierno a la coordinación territorial que incluso ha creado una dirección general, dependiente de Vicepresidencia, encargada de tutelar la relación con los delegados del Gobierno para unificar sus respuestas ante los distintos problemas que surgen en cada momento.

Este pasado lunes la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, convocó una cumbre con todos los nuevos delegados del Gobierno, y también con el ministro del Interior, Jorge Fernández, porque los temas que había sobre la mesa afectaban directamente a su cartera. No es el primer cónclave de este tipo ni será el último. Entre otras cuestiones, en esta reunión se analizó la situación en Ceuta y Melilla, el problema de los menores en situación ilegal en España, la sequía o el riesgo de incendios en los próximos meses.

Y en el orden del día también entró el problema del orden público y la respuesta de las Fuerzas de Seguridad del Estado a las protestas sociales, y a la movilización de la izquierda, contra la reforma laboral y contra los ajustes a los que obliga la drástica reducción del gasto público para cumplir con el nuevo objetivo de déficit, el 5,8 por ciento del PIB al terminar el año.

El Gobierno no quiere «imprevistos» en la respuesta a un «desafío» que es consciente de que va a ir a más y ante el que no tiene margen de maniobra política porque «la realidad económica e internacional hace inviable dar un paso atrás» en las decisiones que se van adoptando, según explican en Moncloa.

La instrucción del Gobierno para manejar las protestas en la calle es clara: quiere que se garantice el orden público en todos los casos, que se respete el derecho a la manifestación, pero que se exija que se ajuste a las condiciones que establece la ley. Si es pacífica, habrá más contención en la respuesta, pero hay orden de intervención inmediata ante cualquier brote de violencia.

El Ejecutivo no quiere que se reedite la situación de la pasada Legislatura, cuando la Policía llegó a recibir órdenes de que no interviniera ante manifestaciones ilegales, como la que se produjo ante la embajada de Estados Unidos en Madrid. «El mirar para otro lado cuando se vulnere la ley no va a ser el principio de actuación de este Gobierno», explican en Moncloa. Y por eso en el caso de Madrid, la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, ya ha recibido la instrucción de blindar la Puerta del Sol y de señalar también como «punto rojo» todos los aledaños al Congreso de los Diputados.

Pero ese marcar distancias con la «dejación» de la etapa socialista va ligado a una exigencia de «prudencia» a todos los delegados del Gobierno en la respuesta policial a las protestas, vistos los incidentes vividos en Valencia con motivo de una manifestación de estudiantes. El Ejecutivo no quiere «excesos» ni «errores» que sirvan de coartada a la campaña de la izquierda para «calentar la calle» y para alimentar su estrategia de colocarse al frente de la pancarta. Uno de los problemas más delicados a los que tienen que enfrentarse las Fuerzas de Seguridad del Estado es el de la escalada de manifestaciones y convocatorias que se materializan sin haber sido previamente comunicadas y, por tanto, sin contar con autorización legal, como está ocurriendo en Valencia.

Ayer, en el Senado, el ministro del Interior defendió la actuación de la Policía en esa comunidad autónoma y acusó al PSOE de ponerse del lado de los que incumplen la ley, en lugar del de las Fuerzas de Seguridad del Estado, y de intentar volver a «encender las brasas». «No hay ni un solo ingresado ni un parte de lesiones. Ha habido 43 detenidos, algunos con antecedentes penales, ocho de ellos menores, y 21 policías con heridas», explicó, en respuesta a la ofensiva socialista bajo el gancho de la citada actuación policial. El ministro arropó, asimismo, la actuación de la delegada del Gobierno valenciano el pasado día 20. Y recordó unas palabras del hoy ex ministro del Interior socialista Alfredo Pérez Rubalcaba ante unos incidentes violentos en junio del pasado año, también en esa autonomía. «No vamos a permitir que haya comportamientos violentos en ninguna parte de España y que se vulneren los derechos de los españoles», dijo Rubalcaba. «Yo lo suscribo», concluyó el ministro.

El PSC, del lado de los violentos
Durante las preguntas parlamentarias en la sesión del Senado de ayer, el senador del PSC, Rafel Bruguera, perteneciente al grupo de la Entesa Catalana de Progreso del Senado, apoyó «la legitimidad» de las manifestaciones, algunas de ellas violentas, de Barcelona y Valencia, y mostró su «solidaridad y comprensión». Bruguera además calificó la actuación policial de «desproporcionada». La intervención del senador del PSC llegó durante las preguntas parlamentarias al ministro del Interior, Jorge Fernández, en las que se interesó por si consideraba legítima o no la actuación de la delegada del Gobierno de Valencia durante las protestas.