Los jueces piden la dimisión de Moliner y no descartan ir a la huelga

MADRID- El malestar del mundo judicial con las reformas anunciadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se plasmó ayer en las diversas juntas de jueces celebradas en toda España, en las que se rechazaron mayoritariamente las medidas en ciernes, entre ellas la reestructuración del CGPJ, la congelación de las oposiciones, la desaparición de los jueces sustitutos y la reducción de seis a tres del número de días de permiso anuales por asuntos propios. La respuesta más contundente la dieron los jueces de Madrid (la representación más numerosa), quienes tras celebrar una junta general solicitaron la dimisión del presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner, al que acusan de «deslealtad frente a la Carrera judicial» por «no garantizar la independencia judicial en las negociaciones» con el Gobierno. Por si fuera poco, aprobaron por mayoría secundar la huelga como medida de presión si el Ministerio de Justicia no rectifica su anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que según los magistrados pretende únicamente «el control de los jueces» y terminar con su independencia. Más cautos se mostraron los jueces de Barcelona, que aplazaron hasta la junta que celebrarán en octubre la decisión de apoyar o no los paros.

Según las fuentes consultadas, el 85% de las juntas celebradas ayer secundaron las reivindicaciones defendidas, que denunciaron la congelación de plazas, los recortes salariales y estatutarios y el «control político de los órganos judiciales» que, en su opinión, persigue la reforma y amenazaron con paros parciales que se llevarán a cabo, según el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, si antes de 15 días Justicia no se sienta a negociar, informa Efe.

También los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional apoyaron en un comunicado las reivindicaciones y dejaron patente su «indignación» por la congelación de la inversión en Justicia, el incremento de la carga de trabajo y la reducción salarial, «que amenazan la independencia y la calidad del servicio público».

El portavoz de la APM, Pablo Llarena, anunció que ajustarán los horarios de las vistas a lo que marca la ley, por lo que los juicios sólo se celebrarán por las mañanas, un primer paso antes de abordar medidas más contundentes. Llarena cree que la reforma «achica las competencias del CGPJ en beneficio del Ministerio», atenta contra la organización de los servicios y equipara a los jueces con el resto de funcionarios públicos, sin tener en cuenta su «singularidad». «Si esto no ha hecho aguas antes no ha sido por la inversión en Justicia, sino por el sobreesfuerzo de los jueces», asegura el portavoz de la APM, quien confía en que no sea necesario llegar a la huelga, aunque «a día de hoy no hay ninguna reunión prevista con el Ministerio para negociar».