El Govern no blindará los sueldos de los funcionarios que estén de baja

BARCELONA– Ya le podían disparar desde la izquierda o desde la derecha, que en la comisión de Asuntos Institucionales, en la que ayer tenía que defender los recortes que se han aplicado sobre los funcionarios, la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, respondió siempre con el mismo argumento: «La única alternativa eran los despidos».

Los grupos de la oposición se comportaron como el Real Madrid en la tanda de penaltis contra el Bayern de Munich, no chutaron para marcar goles a Ortega, que no necesitó muchos más argumentos para defender los ajustes contra los empleados públicos. Al margen de reducir la jornada laboral y el sueldo un 15 por ciento a los 7.103 interinos que trabajan en la administración catalana, de eliminar el tique comedor, congelar las pensiones o recortar un 5 por ciento el sueldo de los funcionarios –un 3 por ciento en la paga de junio y un 2 por ciento en la extra de Navidad–, Ortega añadió que no garantiza que los empleados de baja cobre el sueldo completo.

Una ley que afecta a todos
Si el Gobierno da luz verde al plan contra el absentismo de los funcionarios que incluye que éstos no cobren su salario íntegro durante los primeros días de baja, Ortega avanzó que la Generalitat no podrá blindar a los trabajadores de la administración catalana. No podrá porque «es una ley básica y si la modifican, afectaría a todos», explicó la consellera de Governació.
Actualmente, el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado garantiza que los funcionarios cobre el cien por cien de su sueldo durante los tres primeros meses de baja. A partir del cuarto mes, en Cataluña se aplica un reducción del sueldo previamente pactada, algo que levanta ampollas entre la plantilla, que defiende que un trabajador que está más de tres meses de baja puede padecer una enfermedad grave.

Sin embargo, el Gobierno alega que con este plan pretende equiparar los derechos de los funcionarios a los de los trabajadores de las empresas privadas que solo tienen garantizado el salario completo en los tres primeros días de baja por incapacidad temporal.

Aunque Ortega admite que los recortes sobre los funcionarios han sido muy «severos», no cerró las puertas a que el nuevo «tijeretazo» que estudia el Govern para ahorrar 1.500 millones de euros afecte una vez más a los empleados de la administración catalana. El artículo 34 de los presupuestos de la Generalitat de 2012 contempla que el Govern pueda hacer más recortes en el capítulo de personal.

Hasta la fecha, gracias a las medidas de austeridad –estructurales y coyunturales– que afectan a los trabajadores públicos, la Generalitat ahorrará 650 milllones de euros. La decisión que más contribuye a contener el gasto es el recorte salarial del 5 por ciento que sufrirán los funcionarios. Con la rebaja del 3 por ciento en la paga del mes de julio, el Govern ahorrará 180 millones de euros, y con la del 2 por ciento de la extra de Navidad, un 2 por ciento. Además de recortar y recortar, Governació está elaborando un plan de ocupación para racionalizar y optimizar el personal de la administración. Ortega avanzó que antes del 31 de julio presentará la propuesta que puede afectar hasta 45.000 funcionarios. La idea de revisar las plantillas y reajustarlas según las necesidades puede implicar cambios de horarios, funciones y traslados. Ortega calculó que puede afectar a unos mil empleados y avanzó que servirá de hoja de ruta para reformar la ley de función pública, en la que trabajan varias universidades con la idea de aprobarla en esta legislatura.