La niña que salió del Arroyo

Arroyo de San Serván (Badajoz) quizá no sea Fuenteovejuna. Ninguno de sus escasos 4.000 habitantes denunció la puesta a la venta de una niña de 14 años durante casi tres meses. Porque afirman no saber nada. Sólo la actuación de un policía que investigaba la denuncia presentada por la familia de la niña desaparecida ha permitido la detención de un ex concejal de Izquierda Unida, el juez de paz y ex concejal de Festejos por el PSOE, un jubilado encargado municipal de Parques y Jardines, un guarda del basurero municipal y un agricultor. Siete rumanos son los comendadores. Tres de ellos censados.

La Laurencia de esta epopeya inversa tiene 14 años, es madrileña y se escapó de las comodidades de su hogar, ubicado en la calle Serrano de la capital, al encapricharse de un guapo rumano de 22 años.

Nadie cuenta nada porque aseguran no haberla visto. Muchos, afirman vivir «atemorizados por los rumanos» –en el pueblo habitan alrededor de 200–. Y, sólo a través de la Policía, se sabe que el Adonis tenía antecedentes por robo de vehículos. Sin embargo, esta joya pudo prostituir a una niña sin que ninguna autoridad local se diera cuenta de nada.

El rumano la convenció de hacer el viaje con el pretexto de presentarle a su familia. Poco después, ella se encontró con la realidad: convivía en una pequeña vivienda con otros 30 rumanos, sin agua ni luz. Más tarde llegó la «oferta» irrenunciable: prostituirse por 30 euros el encuentro.

 Voces, siempre anónimas, informan de que no es la primera vez que una chica muerde el señuelo de Adonis. Un comercial de la zona asegura que más de una ha seguido antes la ruta de esta niña. Quizá la experiencia propiciaba que el «galán» supiera escoger a los clientes de su novia.

«Quien haga daño, que lo pague»
Daniel Cangas, de 55 años, era ex concejal de Izquierda Unida. Ya en otras ocasiones se había endeudado. Más de una hectárea de olivar tuvo que vender por sus visitas a locales de alterne. Pero una deuda con su conciencia era inabarcable para él, que solía terminar sus frases con un: «Quien haga daño a alguien, que lo pague». Querido en el pueblo por su carácter afable y generoso, su ritual solitario del día consistía en labrar la tierra por la mañana, comprar el pan «donde Paquita» y limpiarse las botas de barro para subir a casa, donde vivía en soltería. Después de comer tomaba café en un bar. Antes de ser detenido, le aseguró a su vecina, una y otra vez, que pensó que la niña tenía 18 años. Solucionó el problema con dos tiros en la cabeza en la puerta de su casa.

Fuentes consultadas informan de que en alguna ocasión se fue de caza con su vecino de enfrente, el también implicado Francisco Izaguirre Capote, juez de paz del pueblo. Rifle en mano y bota de vino al hombro, buscaban perdices y conejos de la zona. A Francisco también se le tenía aprecio, por su responsabilidad en el trabajo y su buena voluntad. Otra cosa es que se impusiera siempre. Cuentan que su mujer, madre de sus dos hijos y ama de casa, tiene fama de «Margaret Thatcher».

«Yo me meto en mi casa y no sé quién llega por la noche», suelta el guarda del vertedero, cuando se le pregunta por su implicación en el caso. Sería fácil creer que la chabola, destartalada y rodeada de basura, no fuera el lugar donde llevaban a la niña para que ofreciera sus servicios. «Ése claro que sabe. Es el marido de mi prima y está implicado», revela un pastor de un cortijo cercano.

«Vox populi»
La indignación de los vecinos se acrecienta por momentos. Aseguran que van a presentar firmas para denunciar las «calumnias e injurias» de los medios de comunicación. «La prostitución aquí es "vox populi"», afirma un agricultor. «Estamos acostumbrados a ver rumanas por el pueblo pintadas, no te paras a ver si una es española o menor de edad» (a la entrada del pueblo, el prostíbulo Las Mazas, uno de los más famosos de nuestro país, da la bienvenida).

«Es obvio que si esa niña pide ayuda la hubiera tenido. Iba a comprar alguna vez...», afirma, por su parte, el dueño de una concurrida tienda del pueblo. No es el primero que, de paso, tacha a la niña de «ligerita», aunque nadie confirme haber tenido trato con ella. «Tengo entendido que de secuestrada nada, vamos, que le gustaba el tema».

Se percibe rechazo y un miedo disimulado cuando se menciona a la mafia rumana. La dueña de una cafetería opina: «No es que todos sean malos, pero tienen un sistema perfectamente jerarquizado. Están los capos, que manejan a los demás. Nadie se atreve a decirles nada. Por las noches siempre hay peleas entre ellos, botellas cerca del colegio...» Y los niños sin escolarizar. Más de un vecino lo corrobora. «Están todos por la calle, y yo tengo miedo porque a una hija mía la estuvieron persiguiendo durante mucho tiempo para hacerle cualquier cosa», comenta una señora.

«Los coches sin la ITV, los desguazan y los dejan tirados, las calles llenas de basura, roban el gasóleo de los motores para regar el campo... Lo que pasa es que el alcalde no les dice nada porque son votos», explica un agrícultor. Aproximadamente, 170 están censados.

«Representan la mano de obra de aquí y dependemos económicamente de ellos porque desde el fraude del PER están todos los españoles cobrando el paro».

El alcalde, Juan Moreno Barroso, se defiende: «Hay de todo pero son trabajadores. De saber que hay redes de prostitución hubiéramos actuado. A partir de ahora la atención de la Policía se focalizará para que no vuelva a ocurrir».

Precisamente Pedro José, el policía que liberó a la niña, fue detenido el pasado viernes por proporcionar detalles sobre cómo liberó a la menor. Se comenta que el agente tenía problemas personales con el alcalde –lo denunció por pagarle menos que al resto–, motivo por el que actuaba sin pistola y en segunda actividad. Si Pedro liberó a la niña el 4 de este mes, hasta el día 24 no lo felicitó. También se sospecha que el político intercediera a favor del juez de paz cuando fue detenido. «Estaba en el campo cuando me enteré, por favor, estoy atónito», dice Barroso.

Por otra parte, las investigaciones siguen su curso. El pasado viernes dos vecinos más de Arroyo de San Serván prestaron declaración ante el juzgado aunque se desconoce si lo hicieron en calidad de testigos o de imputados, informa Marcelino Ollé.