La OCDE presiona: jubilarse a los 67 años es apropiado pero insuficiente

Y aunque en el informe publicado ayer estima que los planes de saneamiento presupuestario son ambiciosos, el Ejecutivo ha de estar «preparado» para implementar reformas estructurales más profundas, pues España acaba de salir de una recesión cuya huella no sólo es patente sino duradera: un 20% de paro, el más elevado de todos los países socios; un crecimiento económico tenue; un problema de competitividad y unas finanzas públicas desequilibradas. De ahí que para reducir el creciente gasto público, la OCDE apruebe las medidas de austeridad y dé el visto bueno al retraso en dos años de la edad de jubilación, de los 65 a los 67. Una evolución «prioritaria», también necesaria, y que debería extenderse automáticamente en función de la esperanza de vida, según la organización, ya que de lo contrario España se enfrentaría a un incremento «dramático» del gasto entre 2030 y 2060 como consecuencia del envejecimiento de la población y de un sistema de pensiones que para la OCDE es «demasiado generoso», más que en otros países si se compara el tipo de prestación respecto a la contribución de los cotizantes. Según la OCDE, la reforma tiene que ir más lejos ante los retos del envejecimiento, en particular aumentando también el periodo de cotización más allá de los 35 años e indexarlo todo en el futuro a la esperanza de vida.

Por ello, el «Club de los países ricos» aconseja a medio-largo plazo la supresión de los subsidios específicos para los parados de larga duración, ampliar el periodo de cotización en el cálculo de la pensión o aumentar el número de años cotizados para disfrutar de una prestación completa.

Si estos esfuerzos no fueran suficientes, se recomienda al Gobierno que no descarte una subida impositiva para contener el gasto público a partir de 2011, destinada a engrosar los ingresos mediante la ampliación del tipo máximo de IVA a más bienes y servicios o con la creación de más tasas medioambientales. En definitiva, mediante un aumento «selectivo» de los impuestos indirectos que estimularía el crecimiento, al trasladar la carga fiscal desde el trabajo al consumo y que penalizan menos la actividad económica.

Nada complaciente se muestra tampoco la OCDE respecto a la reciente reforma del mercado laboral que flexibiliza los despidos. Critica la dualidad del mercado entre trabajadores fijos y temporales, estima que sigue habiendo indemnizaciones por despido «excesivamente amplias» en algunos contratos fijos y lamenta que el Gobierno haya alumbrado una legislación que deja «mucho margen a la interpretación judicial».