La Junta se niega a pedir la ejecución del fallo para demoler el Algarrobico

Sevilla- Si bien, más tarde, como indican también en la misiva, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería denegó la ejecución, en un auto fechado el 3 de noviembre de este año, «por la imposibilidad de evitar los daños irreparables que se causarían al hotel si finalmente se produce una sentencia contraria a la demolición, ante la imposibilidad de depositar fianza por parte de la Federación, dada su elevada cuantía –más de 34 millones de euros–».

Con todo, según precisan los ecologistas en su documento, «en el fundamento de derecho cuarto del citado auto se afirma que, en caso de que los demandantes hubiesen depositado la fianza, no habría obstáculo para ejecutar provisionalmente la sentencia». Punto en el que aluden al artículo 84.5 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa que dice: «Cuando quien inste la ejecución provisional sea una Administración pública, quedará exenta de la prestación de caución». Por lo que piden a Medio Ambiente que solicite la ejecución del fallo para que el juzgado no tenga «más opción que ejecutarla». Circunstancia que según ambos colectivos «verdes», «acortaría en cinco años» el derribo del polémico hotel que se ha convertido en símbolo de «la política al servicio de la especulación», según fuentes ambientalistas.

Ya hay respuesta por parte de la Junta y ha sido «no».
En otra carta, firmada por el consejero del ramo, José Juan Díaz Trillo, el 29 de noviembre de 2011, se hace referencia a la argumentación realizada en el mencionado fundamento de derecho cuarto, del auto del 3 de noviembre, para aseverar que ésta «no se limita a denegar la ejecución provisional por la falta de prestación de caudación, sino que razona sobre la imposibilidad de reparar los perjuicios que dicha ejecución causaría al tercero o de la irreversibilidad de los mismos».

«Poniendo de manifiesto por el contrario –añade Trillo– que el mantenimiento de la situación actual en nada impide la ejecución posterior, una vez se resuelva el recurso de apelación que pende sobre la sentencia cuya ejecución se pretende». En la misma línea, mantiene también que una nueva petición para anular el permiso de obra «no cambiaría en nada la decisión judicial, sino que sería, con toda seguridad, inadmitida o desestimada nuevamente por temeridad, al no haber cambiado las circunstancias», sostiene adelantándose a la Justicia.

Por razones como las reproducidas, el Gobierno autonómico no considera «oportuno» instar de nuevo «la ejecución de la citada sentencia provisional». Es más, defienden que hacerlo «sólo serviría para retrasar y complicar aún más el entramado de causas judiciales pendientes».

Cabe destacar que en la respuesta no hay ni una palabra sobre el artículo 84.5, que exime a las administraciones de la fianza. Pero sí se insiste en la última versión oficial: «Nuestro objetivo es conseguir que la demolición del hotel construido en El Algarrobico se lleve a cabo cuanto antes, para lo que se han emprendido las acciones legales que se han considerado oportunas». Sin olvidar tampoco la predecible mención al reciente «protocolo de colaboración» suscrito con el Gobierno socialista saliente de José Luis Rodríguez Zapatero, que ahora tendrá que cumplir el entrante del popular Mariano Rajoy.

Antes de la firma de despedida, el consejero juega la baza de la cercanía y aprovecha para agradecer a Ecologistas y Greenpeace «la labor que vienen realizando tanto en este caso particular, como en general, en la defensa de nuestro medio ambiente».

Para el secretario de Urbanismo de Ecologistas en Acción Andalucía, Juan Clavero, el rápido «no» de la Junta –«en 10 días, cuando tardan en contestarnos meses o años»–, demuestra «una vez más» que «no está por la labor real de demoler el Algarrobico». «Lo han justificado durante años llegando a decir que era ‘feo pero legal' y han cambiado la normativa del parque del Cabo de Gata y el PGOU de Carboneras para intentar legalizarlo». Modificaciones que «tumbaron los tribunales».